En ‘Maranguita’ toman medidas para batallar contra el COVID-19

El establecimiento –que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– implementó sus primeras políticas sanitarias desde que se hizo pública la llegada de este mal a Perú (o del paciente cero, como lo denominó el presidente Martín Vizcarra).

Ahora que hay 67,307 casos confirmados, dicha institución aplica medidas más drásticas para proteger al personal y a los adolescentes que permanecen en este espacio.

Así lo asegura María Luisa Silva Peredo, directora del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), quien reveló que, por el momento, solo han quedado en funciones los educadores sociales, el equipo de seguridad y los encargados de la cocina.

El único trabajador que contrajo el virus ya se encuentra fuera de peligro y permanece en su vivienda. Hay diez jóvenes infectados, ocho de ellos provenientes de un traslado que se realizó desde un centro de Chiclayo. Ellos han sido totalmente aislados del resto de sus compañeros, en un ambiente especial y, por el momento, no presentan síntomas. De aquí partió el interés de garantizar para espacios libres de aglomeración y hacinamiento la población del centro .

‘Maranguita’ –al igual que el resto de centros juveniles del país– alberga 30% más menores de los que indica su aforo. Para hacerle frente a esta problemática en tiempos de pandemia, se está aplicando lo sugerido por el Ejecutivo y se está trabajando en indultos humanitarios y conmutaciones de pena, que pueden obtenerse siempre y cuando los internos cumplan con ciertas condiciones.

Por ejemplo, quien desee ese beneficio debe pertenecer a un grupo vulnerable, tener una pena menor a un año y medio o estar finalizando su sentencia en un máximo de seis meses. Todavía ningún interno de ‘Maranguita’ ha accedido a esta alternativa, pero sí diez jóvenes de diferentes regiones del Perú.

Hasta esta semana, se habían enviado unas 60 carpetas con casos de adolescentes que podrían salir libres en los próximos días.

Para Alex Rueda, viceministro de Justicia, se trata de un momento clave para que el sector Justicia y todos sus brazos trabajen de manera articulada y conjunta para mejorar –y en un futuro garantizar –la celeridad de los procedimientos administrativos.

Precisó, además, que todo trámite para acceder a un indulto o conmutación de pena se realiza de oficio y nadie puede cobrar por ello.

Rueda hizo esta aclaración pues denunció que hay personas inescrupulosas que tratan de aprovecharse de la desesperación de los familiares, quienes por el momento no pueden visitar a los infractores y solo pueden conversar con ellos telefónicamente o por videollamada para evitar posibles infecciones.

“Esta es una oportunidad para construir mejores sistemas, actualizados e interconectados, con sentencias digitalizadas a nivel nacional e informes de antecedentes penales. Con mayor información, todo avanzaría más rápido”, sostuvo el funcionario, convencido de que, con el paso de los días, el Pronacej seguirá evaluando más casos para evitar que los centros de reclusión se conviertan en focos de contagio.

- No da más. Centro alberga a 765 menores, un 30% más de su capacidad real, lo que lo convierte en un potencial foco de contagio.

- Hay 10 centros juveniles en el país, los que albergan a 2,181 infractores. Estos establecimientos deberían acoger a 1,665 menores.

-? Ayer se publicaron resoluciones que conceden los primeros indultos y conmutaciones de medidas socioeducativas a 10 jóvenes.

?- Dos de los menores que saldrán libres pertenecen a grupos vulnerables. Además, se le conmutó la pena a una madre con su hija, a tres adolescentes que iban a salir en seis meses y a dos que recibieron menos de año y medio de internamiento.