Durante el panel Salud y Educación: ¿Qué hacemos diferente? en el marco de CADE Ejecutivos 2025, Ángela Flores, presidenta del Comité Estratégico de Salud de IPAE Acción Empresarial y directora ejecutiva de Alafarpe, planteó la urgente necesidad de impulsar una transformación estructural del Seguro Social de Salud (Essalud), para garantizar una atención médica de calidad.
A su vez, Susana Diaz, miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial y gerente de Desarrollo Institucional de Adecopa, dio a conocer un panorama de la situación de violencia que afecta a los escolares y ofreció alternativas de solución.
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"No necesitamos unificar el sistema de salud, sino interoperarlo para mejorar la calidad del servicio, especialmente en Essalud", sostuvo Flores. En su intervención, destacó que la falta de gestión del sistema impide una atención eficiente y oportuna a los asegurados.
Flores advirtió sobre una situación preocupante en el sistema: “No puede ser posible que un emprendedor diga: ‘no quiero estar en planilla, porque como informal tengo SIS’. Eso es grave. Necesitamos transformar Essalud, pero el cambio no debe limitarse al nombramiento de las cabezas, sino que debe ser estructural”.
En relación con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Flores cuestionó la falta de autonomía de la entidad. “La Digemid no goza de la misma independencia que Indecopi o Sunat; tiene un embalse de 500 visitas pendientes de revisión por falta de autonomía”, refirió.
Flores también compartió datos preocupantes sobre la situación sanitaria nacional. "La calidad del servicio público sigue siendo un gran reto. Tenemos la tasa de enfermedades prevenibles más alta y un 43% de niños entre 6 y 35 meses con anemia", advirtió.
A pesar de los desafíos, la especialista destacó algunos avances: “En los últimos 20 años hemos logrado asegurar al 97% de la población peruana y aumentar en 13 años la expectativa de vida. Sin embargo, la inversión en salud sigue siendo del 6% del PBI, cuando la media esperada es del 9%”.
EDUCACIÓN
Por su parte, Susana Díaz, miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial y gerente de Desarrollo Institucional de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), advirtió sobre la preocupante ola de violencia que afecta a los escolares peruanos, tanto dentro como fuera de las aulas.
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Según los datos presentados, el portal SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu) registra casi 9 mil casos de violencia escolar en lo que va del año. Los reportes incluyen agresiones entre estudiantes, ataques de padres hacia alumnos y casos de docentes que violentan a estudiantes.
A este panorama se suma el impacto de los constantes paros convocados por los transportistas que reclaman al Gobierno medidas contundentes contra las organizaciones criminales extorsivas. "Más de un millón de estudiantes de escuelas públicas no pudieron asistir a clases durante el último paro por esta causa", enfatizó.
Díaz también señaló un aumento de la violencia juvenil y delictiva. En 2024, se reportó un alto número de adolescentes internos en centros juveniles por robo agravado. Señaló también, según datos de la Policía Nacional, que ocho de cada nueve detenidos por sicariato son menores de edad. “Estamos viendo a una generación en riesgo, atrapada entre la violencia, la desprotección y la falta de oportunidades”, lamentó.
Entre los factores del entorno que contribuyen a esta situación, Díaz mencionó que más del 50% de los niños han vivido violencia en su hogar, además del consumo de drogas y alcohol, la exposición constante a contenidos violentos en redes sociales y televisión, y el desarrollo de conductas adictivas, como los juegos en línea.
Susana Díaz, gerente de Desarrollo Institucional de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa).
Otro problema crítico es la falta de personal especializado para atender la salud emocional de los estudiantes: solo 679 psicólogos atienden a más de 51 mil escuelas públicas en todo el país.
Díaz también advirtió sobre una crisis de autoridad en las aulas. “Muchos padres contrarrestan la acción correctiva de los colegios. Hoy los docentes no pueden ejercer con firmeza la disciplina por temor a ser denunciados. Eso desarma la escuela como espacio formativo y protector”, explicó.
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