La maraña del ‘Lagarto’

Eso es lo que ha sucedido esta semana. Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías Descentralizado, entregó medio millón de soles en efectivo al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto.

El dinero lo había guardado en cajas que mantenía ocultas en su departamento, ubicado en el piso 10 de un edificio en Miraflores.

Villafuerte, con detención preliminar, fue conducido por la Policía hasta su vivienda para concretar la devolución.

En el video de la diligencia, difundido por Perú21, se lo ve sentado frente a una mesa mientras su abogado Luis Capuñay y los policías cuentan los billetes y los separan por valor.

El exgerente de Obras de Provías Descentralizado, según la investigación, fue un personaje clave en el esquema de coimas.

Su función era garantizar a los empresarios que ganarían el concurso público, y se adjudicarían millonarios proyectos, si a cambio le entregaban el 3.5% del monto de la obra.

Fue así que convenció a Luis Pasapera, el dueño de Termirex, quien no dudó en aceptar la ilegal propuesta sin mediar consecuencias.

Pero Alcides Villafuerte no fue el único que devolvió dinero. Una semana antes, Juan José Enciso, integrante del comité de selección de postores de Provías, entregó S/245,000 en efectivo a los fiscales.

Es decir, de momento, se han recuperado S/745,000 en coimas, montos cedidos por dos de tres colaboradores eficaces. El otro es el empresario Hugo Meneses.

Tanto Villafuerte como Enciso revelaron los fuertes montos que tenían guardados tras acogerse a la colaboración eficaz. Ambos han admitido haber sido parte de la organización criminal que habría encabezado el exgobernante Vizcarra. Incluso, los dos contaron cómo se repartían el dinero.

Por ejemplo, para la licitación del puente interregional Pampas, que uniría Ayacucho y Apurímac, ambos se encontraron en un parque de Surquillo, en Lima, para repartirse el dinero que había desembolsado previamente Luis Pasapera.

De acuerdo con el equipo fiscal, el 30 de octubre de 2021, Pasapera le dio S/400,000, recién retirados del banco, a Villafuerte con la promesa de adjudicarse la obra de S/54 millones.

Este último, a su vez, se dirigió al parque Héroes de la Paz a bordo de una camioneta Jeep de color negro para encontrarse con Enciso, a quien le dio S/50,000.

“Es lo que toca, tú ya sabes que tengo que cumplir con los otros miembros del comité y los de arriba”, dijo el exdirectivo de Provías. Con “los de arriba” se refería, según su testimonio, al entonces ministro de Transportes, Edmer Trujillo; el viceministro Carlos Estremadoyro; y el presidente Martín Vizcarra.

Ese modus operandi se repitió en otras dos obras: para el mejoramiento de un corredor vial en Aymaraes (Apurímac), cuya inversión demandó S/195 millones; y para la construcción del camino vecinal en Samegua (Moquegua), que ascendió a S/63 millones.

Estos relatos se concatenan con el testimonio de la exasesora presidencial Karem Roca, quien declaró que el exjefe de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, llegaba a Palacio de Gobierno con maletines llenos de billetes.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, aún no le abre investigación por este caso a Vizcarra, pero, dadas las contundentes pruebas, es un hecho que lo hará.

Si bien las evidencias son innegables, las coimas de Provías aún son una indagación incipiente para el exjefe de Estado. En donde está más complicado con la justicia es en aquellas que lo implican a empresas del Club de la Construcción.

El exmandatario está ad portas de un juicio por otras millonarias coimas que habría recibido siendo gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La Fiscalía pide 15 años de cárcel contra él.

Según la acusación del fiscal Germán Juárez, el consorcio integrado por Obrainsa entregó a Vizcarra un millón de soles en sobornos por el proyecto Lomas de Ilo; e ICCGSA desembolsó S/1.3 millones por la construcción del Hospital de Moquegua.

Y hay un proceso más. El expresidente afronta una investigación penal por vacunarse en secreto contra el COVID-19. El año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional ante el Congreso por el delito de concusión (usar su cargo para beneficiarse).

Así las cosas, Vizcarra —inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos a causa de esa vacunación— puede estar viviendo el final de su vida política y sus últimos días en libertad.

La investigación que tiene el expresidente Vizcarra y que está lista para ir a juicio es la que está a cargo del fiscal Germán Juárez (Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua).

Ese caso está en control de acusación, digamos, que es el más avanzado. Luego, hay otros casos que están en investigación en los que también se puede dar una prisión preventiva.

Yo creo que el más importante es aquel en el que acaban de detener a la persona sindicada como el operador; si ese señor se acoge a la colaboración eficaz, el expresidente va a tener serios problemas, porque ha sido su mano derecha, justamente, para cometer delitos.

Esa investigación es la más fuerte y la más importante, pero es una decisión y estrategia enteramente del fiscal.

Vizcarra está inhabilitado para postular a un cargo, pero puede ser asesor, ingeniero, profesor; puede ser cualquier otra cosa que no tenga un esquema de elección popular. Lo que tiene que hacer la justicia es actuar de manera rápida y correcta, y determinar si es responsable o no, para que sea sancionado ya sea con un internamiento en el penal o con una pena suspendida y con algunas órdenes de restricción. Las pruebas que hay contra el expresidente son bastante sólidas; por eso el fiscal Juárez ya lo acusó, así que por ahí es el camino.