“No es dable que usted entre a tocar con su orquesta sin llegar a un diálogo con mi persona o con mi coordinador”, amenazó hace menos de tres semanas mediante un audio de WhatsApp el delincuente Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, a la orquesta Agua Marina.
Los llevaban extorsionando por meses. No era la primera vez que los condicionaban para trabajar. Pidieron ayuda, expusieron las amenazas, pero fueron ignorados por las autoridades.
INCAUTOS. En septiembre se dio una de las últimas capturas a miembros del Tren de Aragua en Perú. Fueron 24 detenidos, presuntos integrantes de la organización denominada Los Occidentales, de peruanos y venezolanos.
Han pasado cuatro días desde que los hermanos Manuel y Luis Quiroga, ambos fundadores de la orquesta, están hospitalizados en una clínica de Lima tras ser baleados por el mismo sistema criminal que los amedrentó a ellos y a más de un grupo musical en un país donde el sicariato y la extorsión ya no tienen límites.
Incluso hoy, tras haber librado la muerte, ambos cuentan con seguridad personal en el piso donde descansan, y dos agentes policiales de la jurisdicción resguardan la cochera junto al ingreso de emergencias de la clínica. Sobreviven con miedo a que los criminales regresen para terminar lo que empezaron.
Mediante llamadas, mensajes de texto o WhatsApp, o incluso en sus propias casas, los extorsionadores han encontrado diversas maneras para amedrentar al comerciante de a pie: aquel que lo pierde todo si no cede ante las amenazas.
Pero lo cierto es que estos modelos de extorsión que hoy asfixian a transportistas, comerciantes, ambulantes y artistas no nacieron en el Perú.
EL INICIO DE TODO
¿Qué implica realmente que el Perú y diversos países de América Latina hayan caído en este pozo tan hondo de la criminalidad violenta? Un pozo sin fin.
Según explicó a Perú21 Lucía Nuñovero Cisneros, abogada y coautora del libro El tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina, buena parte de las prácticas extorsivas que hoy se repiten en distintas regiones del país tienen su origen en el sistema criminal que se consolidó hace más de una década en la cárcel venezolana de Tocorón, cuna de la organización conocida como el Tren de Aragua.
“Allí se empezó con cobros de cupos, secuestros extorsivos y cobros llamados ‘vacunas’ a negocios”, señala Nuñovero. Ese sistema de “monedas extorsivas”, como ella lo describe, fue exportado a otros países de la región y adaptado a distintos mercados.
En el Perú adoptó formas que van desde el ‘gota a gota’ —nada menos que una modalidad colombiana de préstamos informales que obligan a que pequeños comerciantes paguen montos excesivos—, los cobros a transportistas, las amenazas a comerciantes o trabajadoras sexuales hasta el control de actividades económicas vulnerables, en los que el Estado casi no tiene presencia.
El libro, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, detalla que la expansión del Tren de Aragua responde a una lógica que sus autores denominan “gobernanza criminal extendida”: un tipo de control social ejercido por organizaciones que, más allá de sus miembros, imponen reglas y cobran tributos a la población civil. “No solo dominan su territorio, sino que logran extender su poder coercitivo a sectores informales o marginados”, explica la investigadora.
Según Nuñovero, el grupo se ha insertado con facilidad en economías informales como el transporte, el comercio ambulatorio o la prostitución, donde la población carece de protección estatal y de mecanismos efectivos para denunciar. “Predan rápidamente todo negocio rentable y desprotegido, generando una relación de dependencia basada en el miedo”, comenta.
El estudio también describe, mediante entrevistas a reclusos venezolanos en el Perú, cómo el fenómeno se expandió tras las olas migratorias venezolanas de 2018 y 2019, cuando “muchos delincuentes se desplazaron hacia países como Perú, Chile y Colombia, aprovechando la precariedad y la informalidad de los barrios periféricos para replicar sus prácticas de extorsión”.
En ese contexto, las armas de guerra y el control territorial se volvieron piezas clave. “Ya venían con un acceso amplio a armas letales —fusiles, granadas, R-15— y trajeron consigo una forma de violencia instrumental: usar el terror como medio de control”, precisa Nuñovero.
Esa violencia, agregó en conversación con este diario, busca marcar territorio y consolidar poder criminal mediante asesinatos, descuartizamientos o atentados “para demostrar su capacidad de operación y generar temor en la población”.
El Tren de Aragua, recuerda la abogada, nació como “un brazo de protección de un gobierno simbiótico con el narcotráfico”, financiado por economías criminales como la minería ilegal o el tráfico de drogas. Con el tiempo, ese modelo se replicó en distintos países. Hoy, su sello se reconoce por una extorsión sin límites. “A diferencia de la droga o las armas, la extorsión no tiene demanda natural. Crece tanto como miedo logren infundir”, concluye Nuñovero.
LAS ÚLTIMAS CIFRAS
Con el ataque hacia los miembros de Agua Marina, se pudo haber sumado una muerte más a la cifra de asesinatos ligados a los actos de extorsión y chantaje que agobian a cientos de peruanos diariamente.
Solo en lo que va del año, entre enero y agosto de 2025, el Perú registró 18,385 denuncias por extorsión, según el último reporte de datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional.
La cifra representa un incremento del 29.3% respecto al 2024, cuando se reportaron 14,224 casos. Es un salto que evidencia cómo este delito se consolida como uno de los más frecuentes y temidos del país.
El promedio nacional estremece: cada 19 minutos una persona denuncia haber sido extorsionada, lo que equivale a 75 denuncias diarias.
En paralelo, la policía rastrea, con dificultades, a las bandas mediante la geolocalización de llamadas y dispositivos móviles, herramienta clave para identificar redes de extorsión activas en todo el país (ver recuadro en pág. 11).
Las regiones del norte, Lima y Callao concentran buena parte del incremento, confirmando el desplazamiento del crimen organizado hacia zonas urbanas y de alto movimiento económico.
La realidad de todos los días es que la extorsión no se oculta y vive entre nosotros. Mientras el Estado, en especial con Dina Boluarte, ha venido mirando hacia otro lado.
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