Pocas advertencias tan absurdas como reclamar que se pretende “reescribir la historia”. La historia o las historias —parafraseando a Heródoto— se escriben y reescriben constantemente, incluso antes de sostener una pluma. Y, sobre todo, se leen y se releen.
La historia no está escrita en piedra. Y es bueno que así sea. Pero la reescritura no se da con prohibiciones ni negacionismos, sino con más textos y más investigaciones. No se trata de “replantear” el LUM, como ha adelantado una senadora electa de Fuerza Popular. Al contrario: consiste en abrir otros LUM, abrir más museos y crear más memoriales. No es escrachear librerías ni funar a autores, sino publicar más libros y llenar vacíos históricos. Crear más memoria, no menos.
LAS MUERTES EN PUNO
En esa línea, los alcaldes de Puno le han pedido a la presidenta electa una comisión investigadora de las muertes en las protestas de 2022. Una iniciativa saludable, pero que debe llevarse a cabo con rigurosidad y transparencia. Y, asimismo, debe recibirse con amplitud de miradas y rigurosidad intelectual. Porque así como hay un sector de la derecha dura que no quiere que se investigue a las fuerzas del orden, hay un grupo radical de izquierda que niega el componente subversivo en las Tomas de Lima, obviando el rol de actores como la ‘Camarada Cusi’ y Lucio Ccallo Callata. Desde su sesgo ideológico, confunden convenientemente la responsabilidad política con la autoría mediata. Lo que no es un tema menor, considerando que ha habido fallecidos en las protestas contra casi todos los presidentes transitorios que ha tenido recientemente el Perú.
LA PANDEMIA
Junto a esta futura comisión investigadora, probablemente haya otras dos. Una sobre lo que ocurrió durante la pandemia y otra sobre la muerte del expresidente Alan García en 2019. La comisión de la verdad sobre el COVID-19 ha sido propuesta por fuerzas políticas de distintas tendencias, como el excandidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez; la exministra de Justicia de PPK, Marisol Pérez Tello; y la exprocuradora anticorrupción y senadora electa por Renovación Popular, Katherine Ampuero. Parece haber cierto consenso político. Y hay abundante tela por cortar. Compras de pruebas rápidas, licitaciones y adquisiciones de material médico, las listas del llamado Vacunagate, las omisiones del Estado al comprar vacunas y pruebas, y la negligencia del gobierno al recibir donaciones de empresas y países. El único que no estaría muy contento con esta investigación sería Martín Vizcarra.
EL CASO GARCÍA
La comisión investigadora sobre el fallecimiento de Alan García fue planteada originalmente por Jorge Montoya, excongresista de Renovación Popular. Y volvió a ponerse sobre la mesa tras la sugerencia del abogado Enrique Ghersi, quien en un inicio le planteó el tema a Dina Boluarte, solicitando que sea una comisión independiente, de gente del más alto nivel y sin filiación política.
Sin embargo, la idea ha agarrado nuevo vuelo tras la sentencia del Tribunal Constitucional que se trajo abajo el caso Cocteles. “El Ministerio Público, representado por José Domingo Pérez, utilizaba una vara para medir a unas personas y una vara diferente para medir a otras”, dijo Ghersi en una entrevista reciente. “Toda la legitimidad del proceso del caso Lava Jato, en el cual estuvo activamente involucrado el doctor Pérez, queda totalmente en discusión”, explicó. Según los expertos, hay varias irregularidades de forma y fondo en el caso García. Empezando por la diligencia cancelada en el Ministerio Público cuando ya le habían impuesto una orden de impedimento de salida del país, lo que sería un acoso ilegal. “Es decir, una celada contra el presidente García”, traduce Ghersi. “Y el Ministerio Público no está para tender celadas. El país necesita saber la verdad de lo que pasó con su muerte”.
A la sentencia del TC se le suma el apoyo político que Pérez le dio al candidato presidencial Roberto Sánchez, con respaldo al golpista Pedro Castillo incluido. Una politización de la justicia que contamina y pone en cuestión toda su labor como fiscal. Aunque no contaría con el apoyo de toda la familia, el caso García tendría cierto apoyo político en el actual Congreso bicameral. Por lo pronto, ya hay una expremier interesada en dirigir las investigaciones. Y sin duda esta comisión de la verdad sería el mascarón de proa para investigar la politización del Ministerio Público.
VOLVER A LA CVR
En ese contexto, una reciente columna escrita por Sebastião Mendonça en El Comercio ha desatado las furias y el ninguneo de quienes alertan que se pretende “reescribir la historia” en torno a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Los fundamentalistas de las escrituras se niegan a aceptar críticas como la del politólogo Martín Tanaka, quien en su momento cuestionó que el informe final insista en la pobreza y el racismo como causas clave de la guerra, minimizando el factor ideológico. Los comisionados afirman que la pobreza fue el caldo de cultivo, pero eso no explica que la subversión solo haya surgido alrededor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Al subrayar la pobreza y el racismo, se soslaya la importancia del rol de la ideología comunista de Sendero Luminoso. Una falacia popular que es reproducida por libros y películas como "La piel más temida", filme que racializa el fenómeno terrorista. Como si Abimael no hubiese despreciado lo indígena, superponiendo su marxismo ‘científico’ a la religiosidad andina. Y como si el PCP Sendero Luminoso no fuese el último eslabón rojo de una evolución de décadas de agrupaciones de izquierda. No, los senderistas no fueron “compañeros equivocados”, como la izquierda los llamaba. Fueron comunistas consecuentes que, a diferencia de sus camaradas, llevaron la teoría a la praxis.
Tanaka también criticó las ‘marcas de origen’ de izquierda, aunque los comisionados terquean que la CVR no tuvo sesgos políticos. Y a esas falencias habría que agregar ausencias como el rol de las madres de Sendero y la Masacre de Soras. Además, queda la pregunta de por qué no se filmó a los terroristas entrevistados.
Quizás el problema de fondo subyace en los referentes que importó la CVR. Sudáfrica, Chile, Argentina. La ‘teoría de los dos demonios’ argentina y las falsas equivalencias no aplican para el caso peruano. Acá Sendero Luminoso no se enfrentó a una dictadura, sino a la democracia recuperada en 1980. Ni Belaunde ni García son comparables con Videla o Pinochet. Y Montoneros no fue tan cruento como Sendero Luminoso.
En vez de importar discursos, habría que analizar el caso peruano en toda su singularidad. Y empezar desde allí a contar nuestra historia.