En julio de 2021, Pedro Castillo juramentó a su primer gabinete ministerial. Estuvo integrado por 19 personas que reflejaron el ala radical de Perú Libre y la falta de una cuota técnica moderada.
Ese grupo, que nunca llegó a constituir un equipo que trabaje por el país, le duró poco. En tres meses, seis ministros cayeron en bloque cuando Castillo recompuso todo el gabinete tras la salida de Guido Bellido. Otros tuvieron sus propios escándalos y fueron saliendo del gobierno poco a poco.
Hoy, con el exmandatario condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, este es el saldo de aquel primer equipo: un prófugo, un preso, un canciller que duró 19 días y una lista larga de investigaciones fiscales.
FIGURA TRAS FIGURA
Guido Bellido, ingeniero cusqueño de la línea dura de Perú Libre, encabezó el gabinete durante 69 días.
Durante su permanencia en el cargo, la congresista Patricia Chirinos lo denunció por agresión. Ella relató que, cuando pidió la oficina que había ocupado su padre en el Congreso, Bellido le respondió: “Entonces, ahora solo falta que te violen”. Él lo negó, pero el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la parlamentaria.
Como premier, amenazó por Twitter al consorcio del gas de Camisea: renegociaban utilidades o el Estado optaría por “la recuperación o nacionalización” del yacimiento.
Bellido asumió el cargo con una investigación fiscal abierta por presunta apología del terrorismo que años después fue archivada. También pesa sobre él una denuncia constitucional por tráfico de influencias: habría gestionado la contratación de un asesor en el Mincetur a cambio del uso de un departamento en San Miguel y pasajes aéreos para terceros.
Héctor Béjar, exguerrillero amnistiado en 1970, fue el primer ministro de Castillo en caer.
Duró 19 días en la cartera de Relaciones Exteriores, la gestión más corta de todo el gobierno. Su pasado como fundador del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla por la que estuvo preso, fue cuestionado desde el inicio.
Pero en un video previo a su nombramiento en noviembre de 2020, Béjar afirmó: “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA”. También dijo estar convencido de que Sendero Luminoso fue “obra en gran parte de la CIA y de los servicios de inteligencia”. Ambas afirmaciones contradicen el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que estableció que la violencia la inició Sendero Luminoso.
Cuando el video se difundió, la Marina calificó sus dichos de “afrenta” a quienes combatieron el terrorismo. Hubo protestas frente a la Cancillería y amagos de censura en el Congreso. Renunció al día siguiente.
Juan Silva, un profesor de colegio sin experiencia en el sector, dirigió Transportes y Comunicaciones durante 214 días. La Fiscalía lo acusa de integrar, junto a Castillo, una organización criminal que direccionaba licitaciones desde el ministerio.
El caso emblemático es el Puente Tarata III, adjudicado al consorcio vinculado, según Fiscalía, al empresario Zamir Villaverde.
“Cien grandes para usted”, se escucha a Villaverde en un audio difundido por investigaciones periodísticas en el que sobornaba a Silva con 100 mil soles. La mitad habría llegado a Castillo, de acuerdo con un colaborador eficaz.
Silva renunció en febrero de 2022, mientras el Congreso debatía censurarlo. En junio de ese año desapareció, un día antes de que se ordenara su detención. Lleva más de 1,450 días prófugo, más tiempo incluso que Vladimir Cerrón. Tiene prisión preventiva vigente, una recompensa de 50 mil soles por su paradero y una notificación roja de Interpol activa hasta junio de 2027.
Geiner Alvarado, ingeniero civil que venía de un cargo municipal en Chachapoyas, manejó Vivienda durante 416 días.
La Fiscalía lo investiga por organización criminal en el expediente que acumula los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, la presunta red que Castillo habría liderado desde el Gobierno.
De los 14 investigados en ese proceso, Alvarado es el único que sigue en prisión: cumple prisión preventiva en el penal Castro Castro desde marzo de 2023, y este año el Poder Judicial prolongó la medida por siete meses más, hasta el 31 de octubre, por riesgo de fuga.
ADMIRADOR DE UN DICTADOR
Aníbal Torres, abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, fue el ministro más fiel de Castillo: duró 483 días en la cartera de Justicia y luego la jefatura del gabinete.
En abril de 2022, ya como premier, decretó un toque de queda sorpresivo en Lima y Callao para frenar las protestas del gremio de transportistas por el alza de combustible. Castillo tuvo que levantarlo el mismo día ante el rechazo general.
Días después, en Huancayo, puso a Hitler como ejemplo de gestión: dijo que “llenó su país de autopistas, de aeropuertos” y que convirtió a Alemania “en la primera potencia económica del mundo”. La afirmación, además de generar protestas de las embajadas de Alemania e Israel, es históricamente falsa.
Torres fue uno de los redactores del mensaje del golpe. La Corte Suprema lo condenó en noviembre de 2025 a 6 años y 8 meses de prisión suspendida como coautor de conspiración para la rebelión, pena que se le redujo por ser mayor de 80 años.
Walter Ayala, abogado que hizo carrera como servidor del Poder Judicial, estuvo 109 días en el sector Defensa.
El comandante general del Ejército, José Vizcarra, denunció que Ayala y el entonces secretario presidencial Bruno Pacheco lo presionaron para ascender irregularmente a dos coroneles nacidos en Tacabamba, el distrito natal de Castillo.
“El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido”, relató. El entonces jefe de la Fuerza Aérea denunció presiones similares. Ambos fueron pasados al retiro.
Ayala renunció días antes de ser interpelado. En febrero de este año, la Fiscalía pidió contra él un año de prisión y tres de inhabilitación.
Dina Boluarte, quien tras la vacancia de Castillo asumió la Presidencia, fue también su ministra en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social durante 496 días.
En su gestión, el entonces programa Qali Warma mantuvo contratos con consorcios que presentaron certificados de calidad falsificados. El Instituto Nacional de Calidad le informó formalmente de la falsificación de al menos cuatro certificados. Los propios proveedores admitieron ante el programa unos 150 documentos falsos, pero el Gobierno hizo caso omiso y once de esos consorcios volvieron a contratar en 2022 por 179 millones de soles.
¿MOVADEF EN EL MINISTERIO?
Otro personaje convertido en ministro fue Iber Maraví, dirigente magisterial ayacuchano del ala sindical radical, quien hoy es senador electo para el nuevo Congreso; estuvo 69 días como titular de Trabajo.
Atestados policiales de inicios de los ochenta lo vinculan a atentados en Ayacucho junto a la senderista Edith Lagos, a quien admitió haber conocido en la secundaria. De hecho, en 2009 fue sentenciado por actos vandálicos durante una huelga magisterial de 2004 en Ayacucho, pero esa condena fue anulada y el caso se archivó. Él sostiene que no registra antecedentes penales, policiales ni judiciales.
Reconoció que su esposa y su suegra firmaron planillas de inscripción del Movadef; dijo que fueron “sorprendidas”. Negó vínculos con el Conare, ala magisterial ligada a esa organización, pero admitió en su interpelación haber sido vicepresidente de un evento de esa agrupación en 2003. Una revisión posterior de los cuadernos de visitas de su ministerio halló coincidencias entre los visitantes y el padrón de adherentes del Movadef.
Sobrevivió a la interpelación y cayó con todo el gabinete.
Así como los anteriores, el resto de las cabezas del primer gabinete que presentó Castillo duraron poco más de 60 días. Resaltaron, principalmente, por su cercanía con el expresidente, mas no por su trayectoria en el sector.
Por ejemplo, Iván Merino, empresario sin experiencia en el sector minero, estuvo 69 días como titular de Energía y Minas. Yván Quispe Apaza, excongresista puneño del Frente Amplio que tampoco tenía vínculo con el ministerio, estuvo 69 días como titular de Producción.
Otro rostro fue Rubén Ramírez, quien llegó al Ministerio del Ambiente tras haber sido abogado de los invasores del arenal Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, una de las tomas de terrenos más grandes de 2021. Duró 187 días.
De aquel primer gabinete de Castillo no ha quedado nada más que investigaciones fiscales y un presidente en la cárcel.
Este 28 de julio, otro gabinete jurará en Palacio. La historia del primero de Castillo queda como recordatorio de lo que puede costar al país un equipo improvisado.
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