Sabe que excarcelar al golpista Pedro Castillo es inviable e ilegal, pero aun así sigue dejando la puerta abierta a un eventual indulto para quien quebró el orden democrático. El presidente José María Balcázar ha vuelto a pronunciarse sobre este tema señalando que entre el martes y miércoles espera contar con el dictamen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el pedido de indulto a favor de Castillo. Será después de ello, dijo, que adoptará una decisión sobre esta cuestionada posibilidad de dejar en libertad al exmandatario hoy preso.
Exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori llega al Senado con una trayectoria marcada por su paso por el fujimorismo. Requena señaló que alianza con FP podría depender de agenda común para enfrentar posiciones de la izquierda.
El jefe de Estado ha preferido no dar más detalles sobre la solicitud presentada por los familiares de Castillo, señalando que el tema ha pasado hoy a segundo plano, pues la prioridad de su gobierno es atender la emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 5.1 que afectó a Junín, situación que ha desplazado temporalmente el debate sobre una eventual gracia presidencial.
“Todavía no se ha tomado ninguna decisión... Lo otro sigue su curso normal. El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que, entre mañana (martes) o pasado (miércoles), seguramente emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema que por ahora está pasando a segundo plano”, indicó Balcázar en entrevista a Exitosa.
Consultado sobre si la decisión podría quedar en manos del próximo gobierno de Keiko Fujimori, el mandatario respondió que “no se descarta esa posibilidad” y sostuvo que el expediente “podría ser tratado tranquilamente por el siguiente gobierno”.
ALTO PRECIO LEGAL
Pero qué consecuencias legales enfrentarían los funcionarios que cediendo a las presiones firmen un indulto a favor del golpista. El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que un eventual indulto a Castillo no cumpliría con los requisitos legales vigentes y cuestionó que el presidente Balcázar, mantenga abierta esa posibilidad, pese a que anteriormente había señalado que no existían las condiciones jurídicas para conceder una gracia presidencial. Según indicó, aunque Castillo tiene derecho a presentar las solicitudes que considere necesarias, la decisión debe sujetarse estrictamente al marco legal y no a criterios políticos.
Carrión explicó que el procedimiento involucra a la Comisión de Gracias Presidenciales del INPE, al Ministerio de Justicia y, finalmente, al presidente de la república. Advirtió que, si pese a la falta de sustento legal se otorga el indulto, cada funcionario respondería por su actuación dentro del proceso. En ese escenario, señaló “que quienes avalen la medida podrían afrontar responsabilidades penales por una interpretación arbitraria de la ley, configurándose incluso el presunto delito de abuso de autoridad”.
“Si esto llega al presidente de la república, pasando por todos los filtros y el propio Balcázar toma la decisión de otorgar el indulto, a pesar de no concurrir los requisitos legales expresamente señalados, pues toda esta cadena que participa en el otorgamiento de este indulto tendría que asumir responsabilidades respecto a la interpretación arbitraria de la ley”, explicó Carrión a Perú21TV.
El penalista agregó que el eventual refrendo del presidente del Consejo de Ministros también podría generar responsabilidad penal por omisión, al incumplir su deber de control sobre las decisiones del Ejecutivo.
Remarcó que ni el indulto ordinario, ni el humanitario, ni la gracia presidencial serían aplicables en el caso de Pedro Castillo mientras no se cumplan los presupuestos legales, y enfatizó que toda decisión política debe respetar la Constitución y el Estado de derecho, sin convertirse en un acto de arbitrariedad.
Para el constitucionalista Natale Amprimo un eventual indulto a favor del golpista “sería absolutamente ilegal e inconstitucional” y los responsables “pueden ser objeto de una denuncia constitucional e inhabilitaciones para ejercer la función pública”, incluido el presidente.
El especialista explicó que en caso Balcázar decida excarcelar a Castillo varios funcionarios tendrán que responder ante la justicia por esta medida, entre ellos, el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el titular del Minjus, Luis Jiménez, y hasta el premier Luis Arroyo, los que serían denunciados por abuso de autoridad.
“Si lo hiciera, asumiría él y el ministro que suscriba dicha decisión las responsabilidades del caso, sin perjuicio, obviamente, de que el nuevo Gobierno revierta esa decisión. No tiene sentido que el señor Balcázar fuerce un indulto cuando es claro que ese indulto no es procedente en el caso del señor Castillo”, dijo en entrevista a Perú21TV.
El también constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que existiría responsabilidad política, penal y constitucional en el mandatario y en el ministro de Justicia en caso avalen la liberación del golpista.
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