El Gobierno anunció el refuerzo de casi 6,000 efectivos policiales en todo el país en medio de la creciente ola de extorsiones y ataques contra el transporte público, luego del atentado ocurrido en el Callao que dejó dos personas fallecidas.
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) comunicó que ya concluyeron las obras de recuperación del servicio de transporte de gas natural y de líquidos de gas natural, lo que permitirá iniciar el proceso de normalización del sistema.
Durante la conferencia de Consejo de Ministros, la premier Denisse Miralles informó que entre el 18 y 20 de marzo se incorporarán estos nuevos agentes para fortalecer las labores de patrullaje y criminalística a nivel nacional.
Según precisó, 2,000 de los efectivos son egresados de la especialidad de criminalística, lo que permitirá reforzar las investigaciones y la capacidad operativa de la Policía frente a delitos como la extorsión.
Además, el Ejecutivo prepara un proceso de selección para la adquisición masiva de cámaras de videovigilancia que serán instaladas en buses de transporte urbano, con el objetivo de mejorar el control y prevenir ataques de bandas criminales contra transportistas.
“Estas cámaras nos permitirán tener mayor visibilidad, reducir el riesgo y evitar prácticas de extorsión”, indicó Miralles. También señaló que los operativos policiales contarán con oficiales a cargo, lo que permitirá tomar decisiones más rápidas y mejorar la efectividad de las intervenciones.
El anuncio se produce luego del ataque perpetrado por presuntos extorsionadores contra un bus en el Callao, que dejó como saldo la muerte del conductor José Cumpa Chavesta, quien fue quemado dentro de su unidad, y de la pasajera Maritza Talavera Andia, que falleció tras resultar gravemente herida.
Por su parte, el presidente José María Balcázar sostuvo que el Ejecutivo trabaja en una nueva normativa para diferenciar y sancionar con mayor precisión a las bandas criminales, responsables de gran parte de las extorsiones en el país.
“El problema de la seguridad ciudadana requiere una solución integral donde participen el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. Existe una criminalidad muy alta y agresiva, pero muchas de estas acciones corresponden a bandas criminales que aún no tienen una categoría jurídica adecuada para aplicar sanciones más duras”, afirmó.
El mandatario agregó que el Gobierno evalúa enviar un proyecto de ley al Congreso para establecer un marco legal que permita enfrentar tanto a organizaciones criminales internacionales como a bandas criminales que operan a nivel local.
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