Un nuevo proyecto de ley ha encendido las alarmas entre ambientalistas y defensores del patrimonio nacional. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó el pasado 2 de julio el PL N.º 1822/2024-CR, que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N.º 26834) para permitir actividades extractivas en espacios actualmente considerados intangibles por su alto valor ecológico y cultural.
En el equipo peruano destacan Sebastián Lozada y Josué Bautista, quienes ya han representado al país con éxito en ediciones anteriores de la Olimpiada Internacional de Matemática.
La iniciativa plantea abrir la puerta a la exploración y explotación de hidrocarburos en lugares emblemáticos como los Parques Nacionales Manu y Bahuaja Sonene, así como en los Santuarios Históricos de Megantoni y Machu Picchu.
RIESGO AMBIENTAL
De aprobarse, el proyecto afectaría directamente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sinanpe), al subordinar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas a intereses extractivos.
"Este proyecto de ley legalizaría la extracción de hidrocarburos dentro de Parque Nacionales como Manu y Bahuaja Sonene, y en Santuarios nacionales e históricos como Megantoni y Machu Picchu, donde la actual ley no lo permite por tratarse de espacios intangibles", advirtió Cristina López, Líder de Proyecto de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR.
Además, la propuesta otorga al Consejo de Ministros la facultad de modificar por decreto supremo los límites de las áreas naturales protegidas, restando poder al Ministerio del Ambiente. También asigna opinión técnica vinculante para la creación, reducción y gestión de las ANP a los ministerios de Producción y Energía y Minas.
¿INTERÉS NACIONAL SIN SUSTENTO?
La propuesta declara de “interés nacional” la masificación del gas natural en regiones amazónicas como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Huánuco y Puno. “No existe en dicho proyecto de ley un argumento técnico económico sólido que avale la viabilidad económica de hacer realidad dicha propuesta, y obvia la importante contribución de las ANP en el desarrollo de las actividades económicas como el turismo y de la seguridad alimentaria de las poblaciones locales”, sentenció López
"El caso de Camisea es claro: 20 años después no ha podido garantizar ni hacer realidad que el gas llegue a la región Cusco ni a las comunidades cercanas al lote gasífero tienen acceso al gas. El 50% sigue siendo exportado", señaló López.
INCONSTITUCIONAL
El proyecto vulneraría el artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a conservar la biodiversidad y proteger las áreas naturales. Asimismo, contravendría tratados internacionales suscritos por el Perú, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención Ramsar para la protección de humedales, entre otros.
Cabe recordar que en 2023 una iniciativa similar del Ministerio de Energía y Minas fue declarada inviable por el Ministerio del Ambiente.
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