Pedro nació en el Perú en 1990, pero vive en Estonia desde hace más de una década. Es arquitecto, está casado con Maarja —que es estonia— y acaba de ser papá por segunda vez. Mientras su esposa da de lactar a su hija recién nacida, él se enfrasca en su celular. Le cuesta acostumbrarse a la idea de que el Estado le puede facilitar la vida.
El parto terminó hace unas horas y la bebé está registrada en el sistema nacional. Pedro no tuvo que hacer trámite alguno. En su celular aparece una notificación: su hija ya tiene número de identidad, está inscrita en el registro civil y afiliada al sistema de salud.
Pedro abre la aplicación de salud. Puede ver para cuándo se programa el alta médica, las indicaciones posteriores al parto y los exámenes realizados. Todo está registrado en la historia clínica electrónica nacional. Si mañana fueran por cualquier motivo a otro hospital, el médico vería exactamente la misma información. Pedro también puede verificar quién ha accedido a esos datos y, si quisiera, limitar permisos. El control de la información médica es del paciente, no del sistema de salud.
En la misma aplicación aparecen la cita de control posnatal que el sistema asignó automáticamente y el calendario de vacunación de la bebé. Si recetaran algún medicamento, Pedro podría ver en qué farmacia pública está disponible antes de ir. En Estonia, la incertidumbre no es parte del servicio público.
Pedro trabaja como arquitecto independiente y está construyendo un pequeño edificio de departamentos en las afueras de la ciudad. Desde su celular entra al portal municipal y revisa el estado del permiso de obra. Puede ver qué área lo está evaluando, qué observaciones hicieron los técnicos y en qué plazo deberían responder. Sube una corrección a los planos que elaboró el día anterior y deja constancia digital. No va a la municipalidad ni conversa con nadie “para destrabar” el trámite. Todo queda registrado y trazable. Si tuviera alguna duda, un asistente digital oficial le explica requisitos, plazos y costos con el mismo criterio para todos. Donde hay menos discrecionalidad, hay menos abuso y menos corrupción menuda. Los permisos no son instantáneos, pero sí previsibles.
Mientras espera que la bebé se duerma, Pedro recibe una notificación del colegio de su hijo mayor, Markus, de nueve años. No es una citación alarmante. El sistema educativo del colegio muestra que Markus ha tenido más ausencias de lo habitual y un leve descenso en rendimiento. Nada grave pero suficiente para intervenir temprano. Pedro agenda desde el celular una reunión con la profesora. La tecnología no reemplaza al docente ni a la familia, pero evita que los problemas se descubran cuando ya es tarde.
Antes del almuerzo, Pedro recuerda que su licencia de conducir vence pronto. Entra a la plataforma del Estado, revisa sus datos —ya están ahí— y la renueva en minutos. Su registro de conductor lo exonera de una prueba de manejo.
Por la tarde, mientras lee el diario digital, se entera de que es posible que se modifique la norma sobre eficiencia energética en edificaciones nuevas. No sabe si aplicará a su proyecto. Desde el mismo portal que usa para sus trámites de construcción, consulta el proyecto normativo y revisa un resumen explicativo. Sabe que la norma aún no está vigente, pero también qué aspectos podrían cambiar si se aprueba. No hay sorpresa ni interpretación antojadiza: hay información accesible antes de que la regla entre en vigor.
Por la noche, Pedro revisa el estado de un juicio que tuvo que hacer a un proveedor. Desde su perfil digital puede ver en qué etapa está el proceso y cuáles son los plazos promedio y criterios de resolución para estos casos. No necesita pagarle a un abogado solo para “preguntar cómo va” su expediente. La justicia no es perfecta ni instantánea, pero es predecible.
Extraña a su familia y la comida, pero quiere lo mejor para sus hijos. Algunos de los treinta y pico candidatos en carrera han prometido un acuerdo Gobierno a Gobierno con Estonia para copiar el modelo. Sería gol de arquero.