Lo ocurrido el 12 de abril es una prueba más de uno de los problemas claves en el Perú: la debilidad institucional. Y la consecuencia es la de siempre: cero credibilidad en las entidades que se encargan de “hacer que las cosas” funcionen en el país. Parece que no somos capaces de hacer nada, sea por ineficiencia o por corrupción. Por eso, no se trata de cambiar todo, sino de implementar reformas institucionales, pues sin ellas el bienestar no llegará a todos.
Claro que ahora “vende” más la idea de desaparecer todo para volverlo a hacer. Sin embargo, esa no es la respuesta. Lo que funciona hay que mantenerlo. Lo que no funciona hay que mejorarlo. Si no logramos hacer esto, de nada sirve debatir sobre el modelo económico, pues este opera dentro de una realidad institucional que hay que solucionar primero.
En economía, el concepto de instituciones tiene dos acepciones: en primer lugar, son organizaciones, como el Congreso, el Poder Judicial, la ONPE, las universidades, los colegios profesionales, los gobiernos regionales, los municipios, las empresas privadas, etcétera. Cada una de ellas se entiende como una organización con objetivos compartidos entre sus miembros. ¿Creemos en ellas?
En segundo lugar, son las reglas de juego: algunas formales, como las leyes, y otras informales, que responden más a costumbres y hábitos de la población. Tanto las primeras como las segundas determinan cómo funcionan las economías, pues todas las sociedades funcionan con reglas, algunas no escritas. Tenemos una cultura informal en la que las reglas son lo que menos importa.
El resultado es que cualquier medida parece que está condenada al fracaso. Parece que nada funciona, pues fallan quienes deben implementarlas. ¿Tan incapaces somos? Perú atraviesa por una recesión institucional desde hace tiempo, que se ha profundizado en la última década. Lo ocurrido el 12 de abril es solo una prueba más.
Mientras no tengamos mejores instituciones ni cambiemos nosotros mismos, resulta muy difícil que seamos un país competitivo, capaz de brindar a sus ciudadanos servicios básicos de calidad. El debate institucional está más allá de la izquierda y la derecha, y es anterior a ellas. Miremos el mundo y veamos por qué algunos países funcionan mejor que otros. Encontraremos que son sociedades con altos niveles de confianza interpersonal que, además, tienen muy bajos niveles de corrupción, y Estados que están al servicio de los ciudadanos con eficiencia y eficacia, tres condiciones que no se cumplen en el Perú.
¿Cómo podría fluir la inversión privada, tan importante para reactivar la economía y así aumentar el empleo, si no evitamos que en el camino funcionarios corruptos encarezcan el proceso buscando intereses personales a cambio de una coima? ¿O es que no se puede hacer nada y debemos caer en la corrupción para poder funcionar? ¿Cómo aumentamos la inversión pública si los gobiernos locales, regionales y el central no tienen capacidad de gestión? ¿Cómo sostenemos un país en el que la formalidad solo funciona para 27% de los trabajadores y la mitad de las empresas? ¿Cómo podemos avanzar en un país en el que nadie cree en nadie y reina la intolerancia y desconfianza?
Por eso, el problema central del Perú es el mal funcionamiento de las instituciones y, como consecuencia, su baja credibilidad. Y, sin esta última, no hay economía que pueda funcionar. Tampoco será posible que las cifras macroeconómicas se reflejen en el bienestar de todos los ciudadanos. La incapacidad de enfrentar problemas básicos para el funcionamiento normal de la sociedad, como por ejemplo la inseguridad ciudadana, impide que mejore la calidad de vida.