La alta visibilidad de tantos casos judiciales ha hecho evidente cuán lento e impredecible es el sistema de administración de justicia. Los problemas que más preocupan a la población hoy —inseguridad y corrupción—, requieren una buena administración de justicia o no tienen solución. Si no se condena a culpables y libera inocentes —en casos penales— en tiempos razonables, capturar delincuentes y corruptos no sirve. Algo equivalente ocurre respecto a darle la razón a quien corresponda en otras materias de la administración de justicia: familiar, laboral, civil, etcétera.
Entre enero y septiembre 2025, el Poder Judicial acumuló aproximadamente 6.4 millones de expedientes, con 4.8 millones que estaban pendientes al inicio del periodo. El problema ya no puede ser calificado como de falta de recursos, sino de gestión de información. Y ahí la inteligencia artificial deja de ser un lujo futurista para convertirse en una necesidad inmediata.
En esos nueve meses ingresaron 1.65 millones de nuevos procesos, y se resolvió casi el mismo número. La justicia peruana corre para no caerse, pero no avanza. Este problema no va a ser resuelto por abogados solamente. Es en esencia un problema de ingeniería de sistemas y de gestión de la información, que requiere conocimiento legal.
Obviamente, la inteligencia artificial no puede automatizar sentencias. Pero sí debe reemplazar la enorme cantidad de tareas repetitivas, mecánicas y de bajo valor que consumen tiempo. Leer cientos o miles de páginas para entender un caso, reconstruir cronologías y detectar plazos es de locos, pero es lo que hay. La IA puede resumir expedientes, clasificar automáticamente documentos, ordenar líneas de tiempo procesales y generar alertas de inactividad o vencimientos anómalos. No decide nada, pero permite decidir mejor y más rápido.
Pretender resolver ese volumen solo con más personal es no querer ver la escala y esencia del problema. Brasil, por ejemplo, ya utiliza inteligencia artificial en su Supremo Tribunal Federal para clasificar y priorizar recursos constitucionales. No reemplaza jueces: les ahorra tiempo.
Otro ámbito crítico es la consulta de normas y jurisprudencia. La IA permite encontrar precedentes relevantes, identificar criterios reiterados o divergentes y advertir cuándo un caso se aparta de la jurisprudencia aplicable. Esto no elimina la discreción de cada juez para evaluar casos diferentes, pero sí reduce la arbitrariedad y los errores por desconocimiento.
El acceso a la justicia también pasa por tener a la mano información clara. Hoy, un ciudadano sin abogado no puede entender el estado de su proceso o saber cuál es el siguiente paso. Los chatbots judiciales basados en inteligencia artificial pueden responder consultas simples las 24 horas, explicar plazos en lenguaje ciudadano y reducir frustración. No asesoran legalmente, pero orientan.
La combinación de IA con firma electrónica es otro frente. Validar automáticamente requisitos formales, detectar errores antes de que un escrito llegue al despacho o automatizar resoluciones simples y repetitivas ahorra tiempo sin afectar garantías. Países como Estonia han demostrado que un sistema judicial casi completamente digital es posible si hay decisión política y estándares de seguridad altos. El Perú ya viene implementando el expediente judicial electrónico.
Más aún, sirve para el buen uso de una tarea crucial: el control. Con millones de expedientes activos, la supervisión artesanal es imposible y los malos jueces lo saben. La IA puede detectar patrones anómalos de retrasos, congestión persistente en determinados juzgados o comportamientos estadísticamente atípicos en resoluciones. No acusa a nadie, pero prende alertas tempranas y permite supervisión basada en datos objetivos, no en preferencias.
Todo esto, por supuesto, exige condiciones: seguridad de la información, transparencia de los algoritmos, derecho a explicación humana, capacitación intensiva de operadores judiciales y una implementación gradual, evaluable y auditable.
La discusión sobre cómo usar la inteligencia artificial para mejorar la administración de justicia es indispensable. No hay que inventar la pólvora, sino adaptar experiencias que ya hay en varios países. Es imposible aspirar a un mejor marco institucional sin que la administración de justicia mejore. No va a mejorar si no se usa inteligencia artificial, así de claro.
El borrador de esta columna fue creado con apoyo de inteligencia artificial.