Hay una narrativa particularmente corrosiva para una democracia: aquella que no presenta pruebas, no contrasta hechos y no discute reglas, sino que instala de antemano la idea de que, si un resultado no favorece a determinado candidato, entonces solo puede explicarse por fraude. No es una duda legítima ni una vigilancia razonable del proceso. Es una estrategia política: sembrar sospecha antes de la votación para desconocer después un resultado adverso. Esto están haciendo los candidatos que encabezan la intención de voto.
Ese discurso prospera con facilidad en un país donde una parte importante de la ciudadanía mira al Estado con recelo, cree que todo está capturado y supone que nada que salga de una institución pública merece confianza. En ese terreno abonado, cualquier error, torpeza, incidencia o imagen recortada puede ser presentada como “prueba” de una conspiración. Así, se rompe irresponsablemente el acuerdo mínimo que hace posible una elección: aceptar reglas, autoridades y procedimientos antes de conocer al ganador. Siempre la frustración del perdedor puede encontrar en el fraude un argumento rentable. Ya no se trata de reconocer que el electorado optó por otro camino, sino de afirmar que le arrebataron la victoria.
Pero conviene distinguir. Fraude no es sinónimo de incidencia, de irregularidad, de desorden, de inexperiencia de miembros de mesa o de actas observadas. Fraude supone una operación sistemática capaz de capturar o torcer los controles del proceso electoral y en donde casi siempre se cuenta con el concurso del Gobierno. Por lo demás, nuestros comicios cuentan con múltiples candados: mesas integradas por ciudadanos sorteados, personeros con facultades de fiscalización e impugnación, actas que registran resultados y ocurrencias, etapas preclusivas y observación nacional e internacional. Se puede cuestionar una decisión, apelar una resolución, denunciar un hecho concreto. Lo que no se puede hacer seriamente es convertir cualquier episodio aislado en la prueba automática de una elección robada.
En el Perú, el verdadero fraude no fue un meme, un audio viral o una fotografía sacada de contexto, sino la captura de instituciones por el poder, como sucedió en 2000, el último verdadero fraude. Precisamente por eso, acusar sin pruebas no fortalece la democracia ni defiende el voto: deteriora la confianza pública, desacredita a los árbitros y prepara a los seguidores para no aceptar el resultado. Defender la voluntad popular no consiste en anular la del adversario. Defender la democracia no es incendiar la legitimidad del proceso. Cuando se difunde fraude sin evidencia, no se protege una elección: se socavan las condiciones mínimas del pacto democrático. Pero, para algunos, esto no interesa.