Los estadios de fútbol son las nuevas catedrales y entre las más espectaculares está el Metropolitano de Madrid, el hogar del Atleti. Julián Salto era uno de los miles de feligreses que el 13 de marzo de 2024 habían ido con esperanza, como se va a las liturgias. Eran los octavos de la Champions y en la ida el Atleti había perdido contra el Inter en Milán. En el papel, el Inter era mejor equipo y, salvo un milagro, esa noche el Atleti sería eliminado. Empezó mal, a los 33’ Dimarco aumentó la ventaja. Fue entonces que recibió una llamada de su jefa, Almudena Lastres, fiscal superior de Madrid. Necesitaba los correos de un caso que Salto, también fiscal, había denunciado por fraude tributario. Inaudita llamada en medio de la agonía del Atleti. Lo ofreció para primera hora de la mañana. Allí nomás un gol de Griezmann redujo la ventaja. La feligresía rugió. Segunda llamada por lo mismo, esta vez de la jefa de su jefa, Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Para primera hora de la mañana lo volvió a ofrecer. Tercera llamada, que era urgente, que lo pedía el jefe máximo, Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Salto salió para su despacho maldiciendo, no presenciaría el milagro: el Atleti empató a las finales y ganó en los penales.
Álvaro González Amador es un empresario con buena racha. Su socio pidió que, para eludir impuestos, en lugar de pagarle comisiones, le comprase una empresa a precio sobrevaluado; y, para no cargar con los impuestos del socio, González declaró menos utilidades usando facturas falsas. Para evitar condenas, los abogados recomendaron reconocer el delito y el pronto pago de la deuda acotada. Los correos de la noche futbolera eran los que los abogados habían enviado al fiscal para cerrar el caso. La prensa creía que la Fiscalía había promovido el pacto. El fiscal general quería aclarar que la iniciativa había sido de González, por eso su insistencia. Hubiese bastado una nota que lo aclarase. ¿Para qué los correos? Para filtrarlos a la prensa, porque en ellos González se declaraba culpable. González no era el objetivo, sino su novia, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de la oposición de derecha. El presidente Pedro Sánchez, de izquierda, era el principal beneficiario de la filtración, quería enlodar a Ayuso; si no podía acusarla de cómplice, cuando menos de beneficiarse de las ganancias ilícitas del novio. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general por divulgar información reservada, lo ha inhabilitado y condenado a pagar a González una indemnización. Ayuso sonríe. Sánchez, que avaló al fiscal general, ha perdido una batalla política más y acumula puntos para su censura.
El problema de utilizar a la justicia para atacar a adversarios o, paradójicamente, para proteger a criminales, es que pierde legitimidad. En Perú, además, el Poder Judicial y el Ministerio Público se han metido en luchas internas por el control de las instituciones y sufren la influencia indebida de la política y de la economía. Desgastados así, son absolutamente ineficaces y los necesitamos de vuelta para ganar la guerra contra la economía criminal y la corrupción, los dos problemas más urgentes. Ya sabe que para ganar se necesita voluntad política, consenso nacional, legitimidad institucional, nuevas leyes, inteligencia policial y operaciones militares. Pero no basta. Al terrorismo también se le venció en los tribunales. Primero con jueces a rostro oculto para protegerlos de represalias; y, cuando los primeros procesos fueron anulados por afectar derechos de defensa, los nuevos jueces confirmaron la mayoría de las sentencias bajo la mirada pública. La enorme legitimidad de nuestra victoria contra el terrorismo no solo descansa en la extraordinaria inteligencia policial, sino en lo impecable que fueron los procesos judiciales y en la calidad de las sentencias. Los procesos contra la economía criminal vendrán enredados en una maraña de leyes, mezclados con amnistías que seguro se darán y tendrán la complejidad de los casos financieros. Necesitaremos de fiscales y jueces para esa batalla; los mejores que podamos reunir, con seguridades económicas y respetando sus independencias. Se acaba el tiempo, no hacerlo será nuestro suicidio como sociedad.