En una columna anterior comenté que la súbita aceptación del presidente interino José Jerí revelaba, sobre todo, la comparación con el mix de indolencia e insolencia de Dina Boluarte. Su proactividad y su estética bukeleana podían ser efectivas en lo inmediato, pero insuficientes para sostenerse si no había cambios reales en seguridad ciudadana, difíciles de lograr. También opiné que su futuro estaría marcado por cuán lejos lograra colocarse del Congreso, otro activo tóxico siempre dispuesto a sorprendernos para mal.
El presidente interino mantiene un ritmo intenso: habla cada día de seguridad y ahora viaja a regiones en un esfuerzo de escucha y autopromoción. Claramente, quiere dejar huella en la retina. Pero algunos hechos y dichos empiezan a sugerir que la seducción del poder podría estar nublando una visión más estratégica de su futuro político.
Es revelador, por ejemplo, que, al ser preguntado por la incapacidad del Estado para capturar a Vladimir Cerrón, respondiera que “no está a favor ni en contra”. ¿Cómo puede un presidente, jefe supremo de las fuerzas policiales, decir que no está a favor de la captura de un prófugo que lleva años burlándose del sistema y de la PNP? La obligación constitucional del presidente es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿O es que las negociaciones con el hermanísimo del prófugo en la mesa directiva del Congreso todavía pesan en el cálculo?
En seguridad ciudadana parece haber algunos avances, pero se deben casi exclusivamente a la presencia de un ministro del Interior competente. El contraste con Boluarte es brutal: declaró nueve veces estados de emergencia sin resultado alguno. Su ministro Juan José Santiváñez supeditó la estrategia contra el crimen a blindarla frente a acusaciones diversas. Acabó censurado por el Congreso, pero el daño ya estaba hecho: tiempo perdido, brechas de seguridad ampliadas y vidas truncadas.
No hay experto ni entidad competente que no señale que varias de las llamadas leyes “pro-crimen” requieren derogación o modificaciones urgentes. Una de ellas nació del enojo tras el allanamiento a la casa de Boluarte, operativo que sí sirvió para obtener información relevante. ¿Por qué no anunciar la eliminación de las normas más dañinas? ¿Para evitar que el Congreso quede como villano o tener que admitir errores propios? Es poco costo político si Jerí aspira a quedar en la memoria nacional como alguien con proyección. La única foto que debería importarle es la del final del mandato.
Tampoco se entiende que haya nombrado embajador en Francia a Stephen Haas Del Carpio, exalcalde de Pueblo Libre y empleador de Nicanor Boluarte. La pregunta es inevitable: ¿por qué congraciarse con alguien vinculado a un actor tóxico de la política reciente?
El estilo joven y proactivo de Jerí es un activo, pero la ecuación es implacable: satisfacción = performance – expectativas. Si las expectativas crecen y la performance no las sigue, lo que crece es la frustración. Quien promete ser distinto a la vieja política y luego actúa como ella pierde el beneficio de la duda.
Boluarte, Cerrón y el Congreso en general son activos tóxicos, en términos de reputación. El legado de la expresidenta incluye, además, un escándalo gravísimo: el caso Qaliwarma-Frigoinca. Una extrabajadora denunció que esta empresa entregaba conservas adulteradas desde 2021. Su dueño, Nilo Burga, apareció muerto en un hotel de Magdalena la Navidad de 2024. Santiváñez habló de “autolesión”, pero la necropsia y peritajes posteriores apuntan a asesinato. La Fiscalía abrió investigación, pero nada más ha trascendido. Mientras este caso no se esclarezca, la toxicidad puede ser radioactiva.
Analizar a Somos Perú sin considerar a Patricia Lí sería de una ingenuidad mayúscula. Su prioridad no tiene por qué coincidir con la carrera de Jerí ni la eficacia del gobierno de transición. Podría preferir en estas elecciones fortalecer su bancada y en noviembre 2026 consolidar su red de alcaldías y gobiernos regionales. Ella siempre ha preferido el poder a los reflectores. Es sintomático que entre sus prioridades haya estado reclutar a figuras como Susy Díaz para su lista.
P.D. ¿Por qué no incluir un sistema serio de recompensas y anonimato para delatar a extorsionadores? Si los mueve la plata, que sea en la dirección correcta.