Hace unos días utilicé inteligencia artificial para mapear experiencias relevantes de otros países en la modernización del Estado usando tecnología, incluyendo inteligencia artificial. Creo que es urgente que podamos visualizar cómo sería un Estado sin papel y entender qué decisiones tomaron los países que pasaron del trámite eterno al servicio eficiente y de la discrecionalidad a la transparencia y control ciudadano.
Tenemos documentos de política pública sobre transformación digital que podrían enseñarse en cualquier escuela de gobierno, pero al mismo tiempo tenemos regiones donde digitalizar un trámite suena a fantasía. Es el Perú de siempre: documentos y normas que describen un ideal, mientras la realidad se rebela a comportarse como describen esos estándares.
El problema es que el Estado peruano se va a resistir a dejar atrás el papel y el sello como una expresión de autoridad. Cada trámite, cada certificación y cada “pase por mesa de partes” es un recordatorio de que la administración pública está diseñada para la opacidad y la fragmentación, porque genera reyezuelos y corrupción. No es casual que los ciudadanos sientan que todo se hace a dedo. Se diseñó sin poder contar con elementos que hoy son perfectamente viables: trazabilidad, interoperabilidad, responsabilidad individual clara de cada funcionario y decisión. La digitalización puede ser la gran oportunidad para reformar el Estado desde lo que más importa: los procesos para servir al ciudadano. Hoy nadie puede medir cuán eficaz fue el proceso ni dejar constancia de las decisiones de los funcionarios. Somos el país más desconfiado del mundo, la digitalización puede servir mucho para recuperar confianza en el Estado, pero requiere que haya suficiente gente sabiendo qué debe demandar.
Más allá de la bondad de los planes oficiales del ente encargado, la realidad nos confronta con realidades durísimas. Dos de las entidades que más deberían estar protegidas de ciberataques: los ministerios de Defensa e Interior han sido hackeados sin problema. En el primer caso, porque un funcionario no actualizó Windows, nada menos. Para que los planes puedan volverse verdad se necesita mucha voluntad política, y los políticos, incluso los más serios, son un poco veletas. Si la población no lo exige, difícilmente se van a comprar el pleito de poner en orden a burócratas cómodos con la tradición de papel o, peor aún, que administran su discrecionalidad para su propio provecho.
En un Estado digital cada dato deja rastro y la discrecionalidad se reduce porque los sistemas registran quién accede, quién decide y con qué justificación. Digital es lo contrario de a dedo. El Estado peruano debería medir su huella de carbono y agua.
De la información recogida, los países que dieron o están dando ese salto empezaron por infraestructuras invisibles que sostienen todo lo demás. Estonia se convirtió en referente mundial por tener una identidad digital universal y segura; un sistema estatal de intercambio de datos que elimina la duplicación de trámites; y por el principio de que “el Estado no puede pedirte un dato que ya tiene”. Uruguay siguió un camino similar con datos abiertos y trazabilidad radical; Chile reorganizó la experiencia ciudadana sin obligar al usuario a entender el organigrama del Estado, que es tremendo enredo. En este campo, plagiar no es malo.
Un proceso así implica reconstruir la columna vertebral del Estado para que funcione con datos interoperables, procesos trazables y decisiones verificables. Cada funcionario sabrá que sus acciones quedan registradas y son fáciles de revisar. Cada ciudadano puede ver quién consultó sus datos y con qué propósito. Un Estado que deja huella genera mucha más confianza.
El Perú solo tiene que adaptar a su realidad lo que países de la región ya vienen haciendo. No implica mayor dificultad técnica, porque más tecnológica es una reforma institucional. Un Estado digital reduce el poder de quienes aprovechan la oscuridad que hoy generan las montañas de papel y la disparidad tecnológica. Cada candidato está en la obligación de decir de manera muy específica qué va a hacer en este campo. Aquí sí se puede prometer y cumplir generando cambios muy relevantes para el ciudadano.