En Chile sale Boric y entra Kast. Es una tendencia desde la caída de Pinochet (1990) que a un presidente de izquierda le siga otro de derecha y viceversa. Hay sabiduría en esa alternancia porque, si el próximo presidente va a ser de la oposición, el de turno debe acercarse al centro buscando acuerdos para que sus políticas públicas duren más allá del cambio de gobierno. Por tanto, en Chile hubo centroizquierda o centroderecha, más que extremos. Eso no pasó con Boric, el presidente más a la izquierda que ha tenido Chile desde Salvador Allende (1973). Privilegió la ideología: sus parejas (Irina Karamanos y luego Laura Carrasco) no fueron primeras damas porque no era una función de mérito, sino de género; no usó corbata, creyendo que la informalidad podía vencer el antiguo orden conservador; y, como llegó a presidente por liderar protestas violentas contra Piñera (2020), se la jugó por una nueva Constitución. Fracasaron dos intentos: uno de la izquierda (2022), porque reconocía nacionalidades originarias, se eliminaba el Senado y modificaba la administración de justicia; el otro de la derecha (2023), porque restringía el aborto y privatizaba las pensiones y los servicios de salud y educación. La Constitución siempre debe ser de consensos, más en el centro que en los extremos.
En fin, de tanto discurso se le olvidó gobernar. Boric es el presidente con los peores resultados macroeconómicos (el crecimiento más bajo y el déficit y la deuda pública más altos) a pesar de tener los mayores ingresos fiscales por el alto precio del cobre. Como reacción, se han ido al otro extremo, porque Kast debiera ser, según antecedentes, el presidente más a la derecha de Chile: es tradicional en lo social (ultraconservador católico con nueve hijos), con lo que peligran las libertades reproductivas y los derechos de las comunidades LGTBI+; es liberal en la economía, con lo que se eliminarán las barreras para que regrese la inversión privada en los servicios públicos; y ha ofrecido mano dura contra una economía criminal que ha contagiado a Chile (tráfico de drogas y de personas) y contra una migración que desborda (venezolanos y haitianos). Este ir de un extremo a otro también es una tendencia en la región: pasó en Brasil (de Bolsonaro a Lula), en Argentina (de Fernández a Milei), en Uruguay (de Lacalle a Orsi) y en Bolivia (de Arce a Paz). Este año habrá elecciones en Brasil, Colombia y Perú, veremos si ocurre lo mismo. La única excepción parece ser Paraguay, donde el partido Colorado (de derecha, sutileza guaraní) gobierna desde hace 70 años, pero esa debe ser otra historia.
En la transición, Boric desperdició sus dos últimas jugadas. Primero, oficializó la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Kast, político al fin, ha ponderado las virtudes de Bachelet, pero es muy probable que su gobierno no la respalde bajo el argumento de que fue una propuesta del gobierno de Boric y no una política de Estado. Es que Bachelet, aunque tiene reconocimiento internacional por su defensa de los principios de las Naciones Unidas, en Chile la derecha la acusa de haber generado la crisis de la migración por blanda. Luego está el escándalo del cable, una concesión para que una empresa china tienda y administre fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong. No es un cable cualquiera, pretende concentrar y transmitir toda la información de la región. ¿Quieren ser cabeza de puente digital para compensar que Perú será cabeza de puente logístico con el Puerto de Chancay? Podría ser también un arma de espionaje controlada por los chinos. Kast acusó que la concesión había sido casi secreta y que no fue reportada “adecuadamente” al nuevo canciller. En rigor, sí se le informó, en tres líneas refundidas entre veinticinco páginas, como quien quiere que pase inadvertida. Los Estados Unidos ya saltaron y Chile empieza a tener problemas geopolíticos con ellos y con los chinos, sus dos principales socios comerciales. Consecuencias por no analizar mejor ni buscar consensos. Que sirva de lección ahora que nos entretenemos en las encuestas en lugar de estar trabajando soluciones conjuntas para destrabar inversiones, acelerar obras públicas, combatir la economía criminal y mejorar los servicios públicos.