El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) publicó un decreto supremo que dispone un régimen penitenciario especial para los adolescentes de 16 y 17 años que cometieron graves delitos y que, de acuerdo a la Ley 32330, son imputables dentro del sistema penal ordinario.
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Según la citada ley, los menores de 16 y 17 años serán juzgados como adultos e internados en un penal común cuando cometan delitos graves como homicidio, sicariato, violación sexual o terrorismo.
Según el Decreto Supremo 022-2025-JUS, que modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal, el objetivo es resocializar al adolescente, con apoyo de psicólogos, trabajador social, ya que accederá a programas educativos y permanecerá en ambientes especiales.
En diálogo con Perú21, el abogado penalista Luis Lamas Puccio analizó la norma y advirtió que el régimen especial para adolescentes en penales no podrá cumplirse, por la grave crisis institucional y presupuestal que atraviesa el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
- ¿Qué dispone el Decreto Supremo 023-2025-JUS?
Un status penitenciario especial, que marca diferencias sustanciales con el sistema carcelario para personas adultas. Este régimen se caracteriza por ser un régimen más flexible, tomando en consideración que se trata de personas que no son adultas, pero han infringido la ley penal. Estamos hablando de adolescentes de entre 16 y 17 años, porque a partir de 18 años ya son penalmente responsables, aunque con algunas restricciones.
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- ¿El INPE está preparado para recibir adolescente y dar cumplimiento a la normativa?
No, porque el INPE como sistema está inmerso en una crisis de contenido institucional, presupuestal y no tiene un norte, rumbo. Estas medidas que se están implementando para adolescentes imputables tiene que ser parte de una reestructuración de todo el sistema, porque este semisistema no puede subsistir si no está inmerso en toda una política penitenciaria. Además, cuando estos menores, adolescente imputables, adquieren mayoría de edad automáticamente pasan al régimen normal, pero este régimen está totalmente colapsado.
- ¿Qué medidas debió tomar el Gobierno?
Lo realmente conveniente, sin perjuicio de estas reformas, sería una reforma de todo el sistema carcelario, porque no puedes aislar un espacio en los términos cómo está la situación carcelaria en el país, que se encuentra totalmente colapsado. Si no existen ambientes especiales para mayores, menos va a haber para menores. ¿Vas a poner una puerta entre una y otra habitación?
- Según la norma, el objetivo es resocializar al adolescente, ya que accederá a programas educativos y estará en ambientes epeciales; ¿pero, en base a la realidad, a qué se está condenando a los adolescentes imputables?
Una cosa es la responsabilidad de adolescentes, que sí me parece un tema que requiere reforma, y otra es cómo se va llevar a la práctica. Y, lo primero que se confronta es la crisis carcelaria, que es parte de la crisis de todo el sistema de justicia penal. El sistema comprende el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el INP, y la implemnetación del sistema como totalidad. Si partes de separar a adolescentes imputables, en realidad hay un disloque frente a la realidad, porque la realidad sobrepasa lo que se establece en este decreto supremo. En otras palabras, el estado peruano no tiene un plan de acción para implementar un sistema que abarque la totalidad del fenómeno criminal en el país. Estas medidas suenan en buenos términos, pero una cosa es lo que se dicen en el papel y otra en la práctica.
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