Luego de escuchar con expectativa a Jorge Nieto aquel viernes 5 de junio, en la víspera de la segunda vuelta electoral, un iracundo Roberto Sánchez notó que el excandidato presidencial no sería un aliado y que había que responder a lo que consideró un “terruqueo”.
Los comicios de 2026 son casi un calco de los de 2021. El cambio estuvo en la caída de respaldo del castillismo en plazas clave, que el fujimorismo aprovechó.
Sánchez midió consecuencias políticas y, según fuentes consultadas por Perú21, ordenó a su alfil legal, el exfiscal José Domingo Pérez, preparar una respuesta contundente que llevara a Nieto ante los tribunales.
Hasta ese momento, en Juntos por el Perú (JPP) esperaban contar con el apoyo del líder del Partido del Buen Gobierno (PBG).
Ya habían adherido a los partidos Obras y Ahora Nación, y consideraban que con Nieto tendrían los votos que faltaban para vencer a Keiko Fujimori en el último tramo de la campaña.
En ese momento, la encuesta de Ipsos ubicaba a Roberto Sánchez con 43.8% y a Fujimori con 43.2%, proyectando una victoria ajustada. El endose de PBG podía dirimir la disputa.
Como deslizó Pérez en entrevistas posteriores, en JPP barajaron incluso nombrar a Nieto como premier a cambio de su respaldo. El reparo en JPP estaba en que el político de centro tuviera más protagonismo que Sánchez en un eventual mandato de izquierda.
Pero sus declaraciones con el streamer Curwen, donde dijo que Sánchez mentía al no aceptar la presencia del brazo terrorista Movadef en JPP, echaron por los suelos cualquier acercamiento.
De acuerdo con las fuentes, Sánchez Palomino, entonces le pidió a Pérez que grabara cuatro videos anunciando la querella contra Nieto Montesinos, para así elegir el que finalmente fue difundido en las redes sociales del partido: uno en el que Pérez Gómez salió en tono amenazante a anunciar persecución penal como si aún estuviera en el Ministerio Público.
Esa movida, que fue celebrada e impulsada por Sánchez y su círculo cercano, no fue tomada de la misma forma por otras facciones al interior de la organización política.
De hecho, en el interior del izquierdismo creen que esa mala jugada espantó a votantes y permitió la remontada de Fujimori a solo horas de la elección del 7 de junio.
El mismo expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal Barbadillo, cuestionó que su abogado se prestara para esa maniobra.
“Es una vergüenza haberse tirado al suelo para combatir a Nieto”, expresó Castillo, según señaló a este diario una de las fuentes que lo visitó días después de los comicios.
Por ese acontecimiento es que desde la facción castillista de JPP concluyen que Pérez está más interesado en hacer vida política al lado de Sánchez que en buscar la libertad del profesor chotano.
Castillismo incómodo con Sánchez y Pérez
El castillismo está integrado por políticos, activistas y familiares del exmandatario, muchos militando en JPP, a quienes une el único y ferviente propósito de excarcelar a su líder.
Entre esos representantes están la cuñada Yenifer Paredes, diputada electa, y el hermano José Mercedes Castillo, el senador más votado en los presentes comicios.
Y también exfuncionarios castillistas, como el exministro de Defensa, Walter Ayala, así como Raúl Noblecilla y Aníbal Torres, que además fueron abogados del expresidente y que salieron a movilizarse hace dos días.
Todos están convencidos de que, si Sánchez llegó a las instancias finales, fue por el voto que labró desde 2021 el exgobernante, condenado por el golpe de Estado de diciembre de 2022.
Los que salieron a manifestarse en esta época lo hicieron para defender ese voto castillista, y no necesariamente porque vean en Sánchez a un auténtico estandarte.
Por eso, no solo la respuesta a Jorge Nieto, decidida por Sánchez, generó incomodidad; también que este anunciara ese mismo viernes 5 de junio que indultaría a Guillermo Bermejo, excongresista sentenciado por terrorismo. Una propuesta propia que —coincidieron en JPP— alejó a valiosos electores en una pugna reñida.
“Nadie nos hará olvidar el voto en abstención de Roberto Sánchez (para decidir la vacancia de Pedro Castillo), que convocó para la campaña a Alejandro Salas como si fuera un gran demócrata cuando se convirtió en testigo de la Fiscalía para la condena contra Castillo; por eso, no podemos asegurar si después de esto (las elecciones) la alianza con Roberto continuará”, señaló a Perú21 un castillista que es parte de la campaña de JPP.
Un último video que el exfiscal Pérez compartió en sus redes sociales tampoco fue pasado por alto.
En esa grabación audiovisual se lo ve recorriendo el local de campaña de JPP, ubicado en la avenida Paseo Colón, mientras muestra los ambientes que en 2017 intervino cuando era miembro del equipo especial Lava Jato.
Para ese año, esa era la sede del partido Fuerza Popular. “Se ha bendecido este local y se han ido los malos espíritus”, se le escucha decir.
Pérez juega su partido aparte. Esta semana anunció en radio Exitosa que se alejaría de JPP, que había cumplido “un ciclo”; no obstante, apareció en las recientes movilizaciones con Sánchez.
Estar cerca de JPP le permitiría al exfiscal tener protección política ante la venganza que pueda perpetrar Keiko Fujimori, a quien llevó a juicio por lavado de activos, si se confirma su elección como presidenta.
“Nadie se hace castillista de la noche a la mañana, Domingo Pérez se ha vuelto fanático por conveniencia. No puede decirse que la de él sea una postura honesta”, expresó la misma fuente que pidió quedarse en el anonimato.
Este diario intentó comunicarse con Pérez para recoger su versión, pero no quiso responder las consultas formuladas.
Juntos por el Perú fue un partido político antes del 7 de junio y es otro diferente desde aquella vez. Y la unidad, que parecía ser su principal fortaleza, ya no lo es más, al menos por ahora.