Si bien el dueño de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, prácticamente perdió toda posibilidad de ocupar un escaño en la próxima Cámara de Diputados, se encuentra a un paso de concretar su participación en la segunda vuelta presidencial, en donde se enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
El ‘otorongo’ Roberto Sánchez Palomino ha pasado sus años en el Congreso —después de abandonar a Pedro Castillo durante la vacancia— entre leyes de matrimonio igualitario y apoyo a economías ilegales. Para este 1 de abril, JPP será parte del paro de profesores anunciado por el Conare-Movadef.
Ante este escenario, es vital recordar su paso por el actual Congreso de la República, que estuvo marcado por diversas polémicas.
En 2021, Sánchez fue elegido legislador por Lima con 29,825 votos, ubicándose por debajo de las más votadas de su partido, Sigrid Bazán e Isabel Cortez. Sin embargo, de inmediato se puso a las órdenes del entonces expresidente Pedro Castillo y fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo, cargo que ocupó por 1 año y 4 meses.
A su regreso al Parlamento, tuvo una actuación discreta hasta mediados de octubre del 2023, cuando se convirtió en una pieza clave en la relación entre China y Perú a raíz de la construcción del Megapuerto de Chancay, a cargo de la empresa con capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited.
Un año después, sufrió una "transformación". El exministro dejó de lado los temas sociales y económicos y se enfocó en presentar propuestas vinculadas a la minería informal. Es más, se le vio muy activo en las diversas protestas que realizaron los mineros en el frontis del Parlamento para exigir la ampliación del Reinfo.
LA LEY "PROCRIMEN"
Un tema clave en esta campaña electoral es la posible derogación de las leyes denominadas "procrimen", que fueron aprobadas por el actual Congreso. De acuerdo con el Ministerio Público y el portal Transparencia, se trata de un grupo de alrededor de 9 iniciativas que no solo debilitan la función de los fiscales en la lucha contra la criminalidad organizada, sino que también facilitan la impunidad al poner trabas a las indagaciones.
Entre estas normas destaca la ley N.º 31989, que fue promulgada en el Diario Oficial El Peruano en marzo del 2024. La propuesta derogó una disposición que permitía a la PNP intervenir e incautar explosivos y maquinaria en manos de mineros informales con inscripción suspendida en el Reinfo.
Sánchez no solo fue coautor de una de las iniciativas legislativas que dio vida a esta ley, sino que la respaldó con su voto en el Pleno del Congreso. Este hecho llama la atención porque el mes pasado prometió en campaña que derogaría las normas procrimen si llega al Ejecutivo, lo que genera una contradicción.
Es más, se salvó de ser suspendido gracias a los votos de las bancadas que conformarían el denominado "pacto mafioso", que impulsaron todas estas propuestas. Un total de 39 legisladores de grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú se opusieron a que sea separado del cargo mientras afronta su proceso penal. A ellos se sumaron las abstenciones de siete parlamentarios de Acción Popular.
En una entrevista con el programa "Brutalidad política", el líder de JPP justificó su voto al señalar que la iniciativa en mención buscaba corregir una supuesta discriminación contra los pequeños mineros que, al no poder obtener contratos con titulares mineros, no podían almacenar explosivos de forma legal.
Roberto Sánchez en una manifestación de mineros artesanales en el frontis del Congreso. Fuente: Congreso.
En diálogo con Perú 21, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, explicó que, tras la aprobación de esta ley, las autoridades ya no pueden controlar el flujo de explosivos que se destinan para actividades de minería ilegal e informal. Además, advirtió que, a raíz de esto, muchos de estos productos vendrían siendo utilizados en delitos conexos, como la extorsión y sicariato.
"Los explosivos que se destinan para la extorsión y sicariato siguen la misma ruta de los explosivos que ingresan para la minería informal e ilegal. Es decir, hay toda una ruta de ingreso de contrabando desde Bolivia hasta la costa norte; es decir, transitan hasta más allá de Lima (...) estos explosivos podrían ser usados por las organizaciones criminales en diversas zonas del país. De alguna u otra forma pueden estar comercializándose", apuntó.
El también abogado especialista en materia ambiental recordó que, tras una protesta en Lima de mineros informales realizada en el 2023, en el Congreso se aprobó casi de manera exprés esta ley, pese a que, en ese momento, las iniciativas que la justificaban ni siquiera tenían un dictamen en la Comisión de Energía y Minas.
"Entonces, aquí hubo más que una evaluación técnica, sino un cálculo politico y usaron la protesta para simplemente poder complacer a un sector que, en la práctica, no debería estar usando explosivos. Concretamente se le ha quitado la posibilidad a la autoridad de incautar ese tipo de insumos altamente peligrosos", remarcó.
Sobre el rol de Sánchez, dijo que fue un cálculo político el que haya dejado los temas del ámbito social para enfocarse en la presentación de iniciativas que favorecen la minería ilegal. En ese sentido, señaló que no es una coincidencia que haya tenido mayor votación en todas las regiones con mayor presencia de mineros inscritos en el Reinfo.
"Es cierto que Sánchez ha sido un operador en las sombras en la Comisión de Energía y Minas; sin embargo, no solo hay que ver su labor en dicho grupo, porque tuvo mucha intervención, sino su rol casi como de dirigente minero en las protestas. Uno puede ver todas sus fotografías y las intervenciones que realizaba frente al Congreso y se daría cuenta que no defendía los intereses de la patria, sino se veía como un dirigente minero más", aseveró.
Solo el año pasado la minería ilegal movilizó más de US$11,500 millones. Fuente: difusión.
VIAJE A CHINA
Sánchez también ha tenido una cercanía política con China que no ha pasado desapercibida. En octubre del 2023, fue elegido presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de impulsar y supervisar el Terminal Multipropósito de Chancay. Desde la dirección de este grupo de trabajo no solo coordinó las políticas públicas, avances y estrategias vinculadas al desarrollo del puerto, sino que también manejaba información sobre las inversiones chinas en dicho proyecto.
Pese a que en ese momento afrontaba un proceso judicial por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, el Poder Judicial autorizó en el 2024 su salida del país hasta en dos oportunidades. El primer destino del líder de JPP fue Estados Unidos, país a donde viajó entre el 11 al 19 de mayo de ese año por una invitación que le hizo la embajada norteamericana en su condición de presidente de la Comisión del Puerto de Chancay. Durante estos días participó en un recorrido por diversos puertos marítimos norteamericanos, entre ellos, los puertos de Long Beach , California y Baltimore.
Sin embargo, el viaje de Sánchez que llamó más la atención fue a China. En noviembre del 2024, se trasladó a Beijing como invitado del Partido Comunista Chino para participar en el IV Foro China-CELAC, con todos los gastos cubiertos. No fue una visita protocolar más, sino que participó en distintos eventos y se reunió con representantes de países de América Latina, el Caribe y el gigante asiático.
“La relación con China es fundamental para consolidar una economía abierta, sostenible y solidaria, donde el intercambio cultural y el desarrollo tecnológico beneficien directamente a nuestras comunidades", dijo en aquella oportunidad en el evento. También resaltó el potencial del Megapuerto de Chancay como un nodo clave para el comercio entre ambas regiones.
Roberto Sánchez viajó a Beijing como invitado del Partido Comunista Chino para participar en el IV Foro China-CELAC, con todos los gastos cubiertos. Fuente: Congreso.
Roberto Sánchez durante su visita a China. Fuente: Congreso.
Pese a que se pone el sombrero y se identifica con el sur profundo del país, Sánchez es oriundo de la provincia limeña de Huaral, donde se ubica el Megapuerto de Chancay. Es por esta razón que siempre ha defendido la viabilidad de dicho proyecto.
Para el analista político Iván Arenas, el dueño de JPP fue un "operador" de los chinos que controlaba la paz social en la zona. En ese sentido, recordó que este nunca promovió una movilización en contra del proyecto, ni tampoco puso en tela de juicio cuál era su condición legal.
"Chancay ni Huaral tuvieron problemas con respecto a organizaciones de frente de defensa por la construcción del puerto. Sí tuvieron problemas con los pescadores, pero eso fue promovido por algunas ONG. Los chinos siempre han tenido el apoyo de Sánchez, quien les habría dado toda la paz social para la construcción de la obra (...) es altamente probable que el señor haya sido un operador social para los intereses chinos", dijo a Perú 21.
Respecto al viaje del exministro a China, consideró que sería vital saber quién lo llevó a dicho país y su contacto o intermediario en la embajada.
"Sánchez siempre ha servido a los intereses chinos en el Perú (...) él ha estado en una comisión clave y desde ahí ha ayudado, se quedó callado e hizo lobby a favor de estos intereses. Esto es lo que ha hecho esto señor", sostuvo.
Roberto Sánchez siempre ha defendido la viabilidad del proyecto del Megapuerto de Chancay. Foto: Andina
LOS PROYECTOS
Sánchez ha presentado diversos proyectos de ley polémicos, la mayoría de ellas vinculadas a la minería informal y al desarrollo de su provincia. Este diario identificó ocho de ellas, cuatro como autor principal y el resto como coautor.
En la lista figuran la propuesta que plantea la desconcentración de acumulación de concesiones mineras ociosas que se mantienen en el poder de pocas compañías, que fue incluida dentro de un dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas, la iniciativa que busca crear la ley marco de minería con prácticas ancestrales y el proyecto de ley que crea la Universidad Nacional de Huaral. Esta última fue aprobada y promulgada en el 2025, pese a la oposición del Minedu, el Ministerio de Economía y otras instituciones.
Al ser consultado por la propuesta que busca desconcentrar la acumulación de concesiones mineras, Ipenza consideró que esto no ayuda a resolver la problemática de fondo. Recordó que el propio dictamen aprobado hace unas semanas señala que el 70% de los mineros informales operan en concesiones de pequeños mineros, mas no en las concesiones de la gran o mediana minería, tal como se pretende hacer ver.
"En la práctica esto no resuelve el problema, mas bien genera mayor inestabilidad y le quita competitividad a la actividad minera, que generará beneficios para todo el país", señaló.
En cuanto a la iniciativa que crea la ley marco de minería con prácticas ancestrales, el abogado la calificó de "una invención más".
"La minería ancestral no existe en el país. Lo que pasa es que quieren crear o establecer una nueva categoría de minería en la que, en la práctica, no haya una evaluación de impacto ambiental; es decir, casi una actividad libre que cualquiera puede ejercer bajo la excusa de que estas personas están de manera ancestral en este territorio. Eso es inexacto y simplemente quieren crear una nueva categoría para facilitar un ejercicio de una actividad sin ningún tipo de control", enfatizó.