A siete días de las elecciones generales, no solo los candidatos presidenciales vienen realizando sus mayores esfuerzos para captar el voto del ciudadano, sino también los aspirantes a la Cámara de Diputados y Senadores del nuevo Congreso bicameral.
Sentencias, investigaciones y polémicas en revisión: lo que hay detrás de los aspirantes a la Cámara Alta del Parlamento.
Dentro de este grupo destacan los 88 actuales legisladores que buscan reelegirse en el cargo, pese a que la mayoría de ellos presentaron a lo largo de estos cinco años diversos proyectos de ley criticados desde diversos sectores e instituciones, como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), entre otros.
Perú 21 identificó que este grupo de parlamentarios tiene, al menos, una iniciativa legislativa que ha sido blanco de críticas. En este informe las repasaremos.
ATAQUE A LA PRENSA
A lo largo de estos cinco años, en el Congreso se han presentado diversos proyectos de ley que buscaban limitar la libertad de prensa, así como amedrentar a los periodistas y medios de comunicación, la mayoría de ellos de la bancada de Perú Libre (PL).
Segundo Montalvo (PL), que postula al Senado, presentó el proyecto de ley N° 02862 (conocida como "Ley Mordaza"), que elevaba hasta a 4 años la pena privativa de libertad para quienes cometan el delito de difamación agravada por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social. Si bien en mayo del 2023 el Pleno del Congreso la aprobó en primera votación, un mes después fue rechazada en segunda votación y mandada al archivo.
Pese a ello, el legislador presentó una nueva iniciativa que regula el derecho de rectificación en casos de calumnia y difamación. Esta propuesta, denominada como nueva "Ley Mordaza", se acumuló junto a otro proyecto de ley de Katy Ugarte, quien postula al Senado por Venceremos, en un mismo dictamen. El texto sustitutorio fue aprobado en primera votación en marzo del año pasado.
Otras iniciativas cuestionadas son las que presentaron José Elías Ávalos (APP), quien busca sancionar a los periodistas que difundan chats y correos vinculados a investigaciones, Álex Paredes (Somos Perú), quien planteó aumentar las penas por difamación en prensa y redes sociales hasta por 5 años con posibilidad de cárcel efectiva, y María Agüero (PL), quien busca obligar a los medios de comunicación a declarar todos los años sus fuentes de financiamiento al Ejecutivo.
LEYES "PROCRIMEN"
Un tema clave en esta campaña electoral es la posible derogación de las leyes denominadas "procrimen", que fueron aprobadas por el actual Congreso. De acuerdo con el Ministerio Público y el portal Transparencia, se trata de un grupo de alrededor de 9 iniciativas que no solo debilitan la función de los fiscales en la lucha contra la criminalidad organizada, sino que también facilitan la impunidad al poner trabas a las indagaciones.
Estas iniciativas fueron impulsadas por legisladores que buscan reelegirse en el cargo. Tal es el caso de Waldemar Cerrón (PL), quien aspira al Senado. El actual segundo vicepresidente del Parlamento impulsó una ley que cambió la definición del delito de organización criminal, así como otra norma que impidió que los partidos políticos sean procesados como organizaciones criminales.
Por su parte, el legislador Flavio Cruz (PL), quien postula al Senado, es autor de la iniciativa que derivó en la denominada "Ley Soto", que redujo a un año el plazo de suspensión de la prescripción en investigaciones. En tanto, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso-APP), quien se benefició con la norma anteriormente mencionada, impulsó otra ley para obligar a los jueces a aplicar dicha propuesta.
Jorge Morante, quien busca llegar al Senado en representación de Somos Perú, impulsó una iniciativa que debilita la extinción de dominio, al exigir una sentencia penal firme para incautar bienes a los investigados, mientras que José Cueto, de Renovación Popular, es autor de la ley que entregó la investigación preliminar a la Policía y restó funciones al Ministerio Público. Todas estas propuestas han sido observadas por la Fiscalía.
MINERÍA ILEGAL
Otro tema importante de esta campaña electoral es la proliferación de la minería ilegal. Y es que diversas leyes aprobadas en este Congreso han debilitado la lucha contra esta actividad ilícita. La mayoría de estas propuestas vinieron de APP, Juntos por el Perú (JPP) y Podemos Perú.
El legislador de APP, Jorge Marticorena, es autor de la iniciativa que derivó en la ley que impide a la PNP incautar explosivos o maquinaria en manos de mineros ilegales con inscripción suspendida en el Reinfo, mientras que Eduardo Salhuana, de APP, presentó un proyecto para permitir al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comprar oro a los pequeños mineros y artesanales.
En tanto, Guido Bellido, quien aspira al Senado en representación de Podemos Perú, impulsó un proyecto de ley que planteaba ampliar excepcionalmente el plazo de la vigencia del Reinfo hasta el 30 de junio del 2029, pese a las críticas desde diversos sectores. Al final, dicha propuesta fue incluida en el dictamen aprobado por el Parlamento que amplió la vigencia del Reinfo hasta fines del 2026.
Desde JPP, Pasión Dávila y Roberto Sánchez buscan ponerle fin a los que ellos consideran "concesiones mineras ociosas". El primero presentó una iniciativa que plantea revocar las concesiones mineras improductivas en apenas 5 años. Dicha propuesta fue incluida dentro del dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas, el mes pasado, que redujo de 30 a 15 años el plazo de caducidad por falta de producción.
Por su parte, Sánchez, quien postula a la Presidencia de la República y a la Cámara de Diputados, presentó otra iniciativa que plantea la desconcentración de acumulación de concesiones mineras ociosas que se mantienen en el poder de pocas compañías.
AFP Y CAJA FISCAL
Pese a las advertencias del Consejo Fiscal (CF) sobre el impacto negativo de las distintas iniciativas aprobadas en el Parlamento, en dicho poder del Estado siguen impulsado proyectos populistas que afectan las finanzas públicas.
Tal es el caso de José Luna Gálvez (Podemos Perú) y Miguel Ciccia (Renovación Popular). El primero, que postula a la Presidencia de la República y al Senado, presentó el año pasado una iniciativa que permitía el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400 en el 2025) de los fondos de las AFP sin perder la pensión mínima. La iniciativa fue incluida dentro de la Ley N° 32445, que autorizó dicho retiro.
En tanto, Ciccia, quien busca llegar al Senado, presentó a fines del mes pasado una propuesta para autorizar el noveno retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT (S/ 22,000) de los fondos de las AFP.
Edgar Tello, de Podemos Perú, impulsó una ley que otorga una pensión de S/3,300 a docentes cesantes y jubilados, pese a que representa un costo fiscal de S/5,670 millones al año. Finalmente, la propuesta fue incluida en un dictamen que fue aprobado, por insistencia, en el Pleno del Congreso el mes pasado.
Desde JPP buscan abrir la posibilidad de que continúe el despilfarro en Petroperú, pese a la enorme deuda que arrastra. La legisladora Margot Palacios, quien postula al Senado, presentó una iniciativa que busca dejar sin efecto los alcances del DU 010-2025, que aprueba la reestructuración de Petroperú.
Otros legisladores que presentaron iniciativas legislativas criticadas son Cruz María Zeta (Fuerza Popular), quien presentó un proyecto de ley para reducir el Impuesto a la Renta de las agroexportadoras a 15% hasta el 2035, Patricia Chirinos (Renovación Popular), quien busca disolver la ATU y reasignar las competencias del transporte urbano a las municipalidades, y Víctor Cutipa (JPP), quien presentó una propuesta para conceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo.
También figuran José Arriola (Avanza País), quien plantea reconocer la minería ancestral o tradicional y que los mineros que se dedican a esta actividad sean incluidos en el Reinfo, y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien promovió una ley para prescribir los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2022, entre otros más.
Proyecto de ley de Waldemar Cerrón
Proyecto de ley de Guido Bellido
ANÁLISIS
En diálogo con Perú 21, el director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, recordó que ningún gobernante, autoridad o funcionario puede estar eternamente en una gestión o cargo, por lo que consideró que la rotación es importante.
Si bien reconoció que los actuales congresistas están habilitados para postular a la reelección, indicó que estos deberían evaluar hacer un sinceramiento ético y dar un paso al costado.
"Sería interesante que los legisladores hagan un sinceramiento ético, sobre todo, porque creo que son conscientes de que estas leyes que han impulsado en muchos casos favorecen a ciertos grupos de interés que están asociados a flujos ilícitos, economías ilegales y minería informal. Ellos tienen que aceptar que la ciudadanía ya se dio cuenta que están defendiendo a grupos de intereses. Entonces, deberían hacerse cargo de esa mochila", acotó.
Proyecto de ley de Roberto Sánchez
Proyecto de ley de José Luna Gálvez.
A su juicio, el sistema necesita una manera evaluar el rendimiento de los congresistas y la calidad de sus iniciativas legislativas, algo que no existe en la actualidad. En ese sentido, dijo que sería interesante que se apruebe una iniciativa que permita una renovación por tercios en el Parlamento.
"Creo que este Congreso ha sido peor que los anteriores porque ha evidenciado el fenómeno de la corrupción política. Esto significa que tú capturas instituciones, utilizas el poder de los votos y escaños para poder capturar instituciones a tu favor, y eso se ha visto en todas las bancadas. Esa desfachatez, esa postura ha sido mucho más descarada y la ciudadanía ya se ha dado cuenta que están representando esos intereses", sostuvo.