A más de una década de la muerte de Edita Guerrero, el proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento ha dado un giro decisivo.
El Poder Judicial del Perú ordenó la conducción compulsiva —es decir, el traslado por la fuerza pública— de sus familiares directos, quienes deberán acudir obligatoriamente a declarar en las próximas audiencias.
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La medida alcanza a Yrma Guerrero Neira, su hermano Leodan Guerrero Neira y los padres de ambos, luego de que no se presentaran en reiteradas citaciones previas. La resolución busca garantizar su presencia en el proceso penal que se sigue por la muerte de la vocalista de Corazón Serrano, ocurrida en marzo de 2014 en la ciudad de Piura.
Según lo dispuesto por el juzgado, la Policía Nacional del Perú queda facultada para ejecutar el traslado de los citados, en caso no acudan voluntariamente.
Esta medida responde a la importancia de sus testimonios dentro de una investigación que ha estado marcada por controversias, cambios de versión y alta exposición mediática.
En el centro del proceso se encuentra Paul Olórtiga Contreras, expareja de la artista, quien es investigado por los presuntos delitos de lesiones graves por violencia familiar, parricidio y feminicidio.
Testimonios que podrían definir el caso
De acuerdo con la tesis fiscal, los familiares de la cantante brindaron en su momento declaraciones ante el Ministerio Público en las que advertían sobre presuntos episodios de violencia dentro de la relación. Sin embargo, con el paso de los años, no han comparecido ante el tribunal para ratificar o ampliar dichas versiones.
El Juzgado Penal Colegiado Supranacional Transitorio de Piura ha advertido que, de no presentarse en la audiencia programada, sus declaraciones podrían ser excluidas del proceso, lo que impactaría directamente en la valoración de las pruebas.
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