Esta medida alcanzará a las operaciones que se efectúen con las entidades y organismos públicos como los ministerios, los Gobiernos Regionales y Locales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las universidades públicas, las juntas de participación social, las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y las distintas unidades ejecutoras.