Proinversión aprobó la contratación de la asesoría legal externa del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados para el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú. Según indicó esta operación tiene como propósito dotar las máximas garantías de seguridad jurídica al proceso.
Legisladores y rivales, incluida Paramount, presionan para evaluar efectos en precios, elección del consumidor y concentración de mercado.
Mediante un comunicado, manifestó que el soporte jurídico de alta especialización acompañará la ejecución del encargo otorgado por el Gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 010-2025. Argumentó que la complejidad que implica una reorganización patrimonial de esta envergadura exige un blindaje legal riguroso para asegurar que la gestión de los activos y pasivos de la empresa estatal se realice bajo estrictos estándares normativos.
“La selección de la firma se sustentó en la evaluación de su capacidad técnica y experiencia comprobada en operaciones corporativas complejas, en especial de reorganización empresarial, optimización y reordenamientos corporativos”, dio cuenta el comunicado.
Sostuvieron que el equipo legal externo tendrá la responsabilidad de validar la viabilidad legal de la estrategia y mitigar riesgos, permitiendo avanzar con la celeridad que la situación financiera de la empresa requiere.
“El acompañamiento legal es un componente indispensable para ejecutar una reorganización patrimonial ordenada, transparente y técnica, orientada exclusivamente a recuperar la sostenibilidad de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de combustibles en el país, salvaguardando el interés público”, concluyeron.
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