El Perú tiene un presupuesto para financiar proyectos, servicios, sueldos, entre otras obligaciones, y cuando los ingresos no son suficientes, debe recurrir a préstamos o bonos, para lo cual se endeuda. Una de las ventajas de nuestro país es que mantiene una de las deudas públicas más bajas de la región, pero que lamentablemente ha aumentado en siete puntos porcentuales desde 2015.
Si procede una medida de este tipo, corre riesgo la reestructuración de la empresa pública.
Si bien parte de este aumento responde a la crisis sanitaria que nos golpeó en 2020, también hay una responsabilidad por parte de quienes deberían pensar en mejorar las finanzas públicas.
Para el exministro de Economía y Finanzas (MEF) David Tuesta, el aumento de la deuda responde al debilitamiento del sistema político, que ha llevado a aprobar medidas populistas que generan gasto público. Solo las propuestas aprobadas en marzo por el Congreso significarían un costo anual permanente de S/11,400 millones, según el Consejo Fiscal.
“El cambio constante de presidente y la fragmentación del Congreso han llevado a que se consolide la iniciativa de gasto del Legislativo, y el Ejecutivo no ha presentado ninguna demanda de inconstitucionalidad por esta situación”, comentó.
Cabe precisar que el artículo 79 de la Constitución establece claramente que el Parlamento “no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”. Incluso la propia presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, indicó a fines del año pasado que lamentaba el uso indebido del Congreso de una sentencia del TC (2022) para aprobar leyes con impacto fiscal. Además, la funcionaria señaló que estaban a la espera de las demandas del Ejecutivo por este tipo de iniciativas, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de acción desde el Gobierno.
David Tuesta manifestó que algo que prefieren omitir muchos políticos es que este descontrol con el gasto y aumento de la deuda puede generar que las calificadoras bajen la nota del país. A esto se suma que directamente a los peruanos esta situación podría impactarlos a través del pago de impuestos o una pérdida en la calidad de los servicios.
“Si continuamos así, el gobierno que entre en 2026, o el siguiente, podría verse obligado a hacer algunos ajustes que van a terminar repercutiendo en un alza de impuestos. Además, también se verían afectados los programas sociales, a los que se les podría reducir el presupuesto”, añadió.
EFECTO PETROPERÚ
El aumento del gasto público responde al alza de sueldos sin sustento, a los cambios de regímenes laborales en el sector estatal y a una serie de medidas del Parlamento, respaldadas por el Ejecutivo. Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que el constante apoyo a Petroperú también repercute en esta situación.
“Hay mayores gastos en remuneraciones, adquisición de bienes y servicios y un elevado costo financiero de los rescates a Petroperú”, comentó. Hay que recordar que la empresa estatal ha recibido más de S/20,000 millones en salvatajes por parte del Estado y se alistaría una ayuda por aproximadamente US$2,500 millones.
El representante de la CCL indicó que, pese a todo esto, el Perú aún mantiene la confianza internacional con rendimientos de bonos soberanos bajos (6.65%), en comparación con Brasil o México, siendo superado en la región solo por Chile. Sin embargo, esta ventana de confianza es estrecha y los rendimientos han empezado a subir recientemente.
“El deterioro fiscal podría impactar en el bolsillo a través del tipo de cambio; si hay una mayor percepción de riesgo, puede subir el precio del dólar, encareciendo alimentos, medicinas importadas y transporte. Por otro lado, el mayor gasto en intereses reduce el presupuesto disponible para servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura”, comentó.
Según señaló, el escenario base proyecta que la deuda baje al 29.5% del PBI en 2027, pero afirmó que este resultado depende de supuestos explícitos, como por ejemplo, la ausencia de nuevos gastos públicos para apoyar a la petrolera pública.
MIRADA DE INVERSIONISTAS
El docente de posgrado de ESAN Mario Vergara manifestó que, pese a este aumento de la deuda, la percepción de los inversionistas extranjeros incluye una fuerte confianza en los fundamentos macroeconómicos. No obstante, hay una marcada preocupación por la inestabilidad política interna.
Asimismo, planteó que para reducir la deuda es necesario un enfoque equilibrado que combine la disciplina fiscal con estrategias que fomenten el crecimiento económico. Además, consideró que se necesita implementar límites de ejecución presupuestal mediante la Programación de Compromisos Anual (PCA), priorizando inversiones con sustento técnico.
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