Petroperú, la empresa que le ha costado al Estado alrededor de S/32,000 millones (incluido el último rescate por US$2,000 millones), vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras un sector de la clase política insiste en otorgarle nuevos apoyos financieros, la situación de la petrolera estatal resulta más compleja de lo que se creía.
Gerente central de Estudios Económicos aseguró que no se debe dar por sentado que la bonanza de precios "va a durar por siempre".
La empresa acumula cuatro años consecutivos de pérdidas, incluso mayores a las reportadas inicialmente. En febrero, la estatal informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) una pérdida neta de US$468.3 millones. Sin embargo, la auditoría realizada por PwC reveló que el resultado ascendía a US$601.5 millones, es decir, más de US$130 millones por encima de lo informado originalmente.
Recientemente, el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, explicó que la diferencia obedecía al reconocimiento contable de una contingencia tributaria vinculada al impuesto de rodaje correspondiente a los años 2019 y 2020, incorporada tras una resolución del Tribunal Fiscal. No obstante, más allá de ese ajuste, el balance financiero sigue siendo negativo.
Lizarzaburu también atribuyó parte de las dificultades de la empresa para acceder al abastecimiento de petróleo a la pérdida de confianza de algunos proveedores, situación que, según afirmó, habría sido alimentada por declaraciones de analistas sobre el estado de la compañía. Para el exministro de Economía y Finanzas (MEF) David Tuesta, esa explicación refleja desconocimiento y una falta de reconocimiento de los problemas estructurales que enfrenta la estatal.
El futuro de la empresa
Durante la campaña electoral, la presidenta electa, Keiko Fujimori, cuestionó los miles de millones de soles que el Estado ha destinado al rescate de Petroperú, recursos que, según sostuvo, podrían utilizarse para financiar becas destinadas a jóvenes. Asimismo, planteó transformar la empresa en una asociación público-privada (APP), manteniendo la propiedad estatal, pero incorporando inversión y gestión privadas.
“El Estado seguirá participando, pero haremos que el sector privado se integre y participe, porque eso dará mayor transparencia y hará a la empresa mucho más eficiente”, aseguró.
Por ahora, se encuentra en marcha un proceso de reestructuración que contempla la venta de más de 50 activos considerados no estratégicos para la compañía, medida aprobada a finales del año pasado. Para David Tuesta, esa reorganización debe continuar sin que el Estado realice nuevos aportes, más allá de los US$2,000 millones ya autorizados.
“Si Fuerza Popular quiere que ese plan se cumpla, en el cortísimo plazo tendrá que renovar claramente el directorio, fortalecer la gobernanza e incorporar personas con experiencia, dispuestas a enfrentar la resistencia interna que podrían ejercer los sindicatos”, comentó.
Además, consideró que el nuevo gobierno, con el respaldo de su bancada, deberá enfrentar a los sectores políticos que se han opuesto de manera reiterada a la reorganización de la empresa. Solo este año se presentaron al menos 14 proyectos de ley que buscaban derogar el decreto de urgencia que impulsaba la reestructuración de Petroperú.
“En principio, el nuevo gobierno no debería inyectar más recursos a Petroperú. Si se sigue el plan de reestructuración y las medidas se ejecutan con rapidez, no habría necesidad de nuevos rescates”, afirmó. Asimismo, insistió en que el proceso de venta de activos debe mantenerse.
A su turno, el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, coincidió con Tuesta en la necesidad de evaluar y renovar parte del personal de la empresa, pues, a su juicio, es indispensable erradicar “la opacidad y la mentira” de la cultura organizacional.
“Hay que salir de lo que yo he llamado la gran cofradía. Hay que dejar atrás a toda esa gente que nos ha mentido sistemáticamente y que nos ha hecho perder miles de millones de dólares”, sostuvo.
Asimismo, destacó el trabajo de Proinversión en el proceso de reestructuración y el apoyo de la consultora Deloitte en la reorganización patrimonial. En ese sentido, consideró que la nueva administración encabezada por Fujimori debería aprovechar los avances ya realizados y construir sobre ellos.
Paredes también enfatizó la necesidad de incorporar capital y gestión privada dentro de la empresa. Como ejemplo, recordó que en el país existen puertos y aeropuertos concesionados que continúan siendo de propiedad pública.
“Mucha gente se queda discutiendo el instrumento y la privatización es solo uno de los mecanismos para alcanzar ese objetivo. Lo importante es resolver el problema. Tenemos una deuda enorme que pagar y debemos encontrar la mejor forma de aprovechar esos activos mediante una gestión privada que permita cubrir parte de esa deuda”, señaló.
Del mismo modo, subrayó la importancia de que la presidenta y su equipo expliquen con transparencia lo ocurrido en Petroperú durante los últimos cinco años, periodo en el que la empresa acumuló pérdidas como consecuencia de sucesivas malas gestiones. Cabe recordar que, en ese lapso, la petrolera tuvo 14 presidentes de directorio, reflejo de la inestabilidad que ha marcado su administración.
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