Perú pidió a Estados Unidos quedar fuera de una propuesta arancelaria que podría encarecer sus exportaciones al mercado estadounidense.
Palta, arándano y limón figuran entre los cultivos más expuestos a las lluvias.
La medida fue planteada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que propone aplicar tasas adicionales de 10% a 12.5% a 60 economías, incluida la Unión Europea, por considerar que no bloquean de manera suficiente el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso.
Según informó Reuters, el pedido peruano fue presentado durante una audiencia pública en Washington por José Luis Castillo Mezarina, director de negociaciones comerciales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
El funcionario sostuvo que, en el caso peruano, no se ha establecido una carga concreta sobre el comercio estadounidense ni se ha cumplido el estándar probatorio exigido por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar una medida de esa naturaleza.
La propuesta no implica que Estados Unidos acuse a Perú de utilizar trabajo forzoso en sus exportaciones.
El cuestionamiento apunta a que el país no tendría mecanismos suficientemente estrictos para impedir la importación de bienes producidos bajo esas condiciones, según la interpretación de la USTR.
¿Qué plantea Estados Unidos?
La USTR inició el 12 de marzo de 2026 investigaciones bajo la Sección 301 contra 60 economías.
El 2 de junio concluyó que sus políticas frente a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son “irrazonables” y restringen o afectan el comercio de Estados Unidos.
Washington sostiene que países como Perú no cuentan con una prohibición efectiva para impedir el ingreso de bienes importados hechos total o parcialmente bajo esas condiciones.
Según la USTR, esa falta de controles permite que insumos de menor costo se incorporen a cadenas globales y generen competencia desleal frente a trabajadores y empresas estadounidenses.
La administración de Donald Trump sostiene que Estados Unidos ya prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso mediante la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 y que sus socios comerciales deberían aplicar estándares similares.
¿Qué países están en la mira?
La propuesta alcanza a 60 economías. En el grupo sujeto a una sobretasa de 12.5% figuran Perú, Brasil, Chile, Colombia, China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Suiza, Noruega, Uruguay, Vietnam, Sudáfrica, Singapur, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Otro grupo enfrentaría una tasa de 10%. Allí están Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán, además de otras economías que mantienen compromisos o regímenes parciales sobre esta materia.
La propuesta contempla exclusiones para determinadas categorías de bienes y para algunos productos sujetos a otros regímenes arancelarios.
La definición final dependerá de la evaluación que realice la USTR tras concluir el proceso de consulta pública.
La defensa de Perú y la región
Perú no fue el único país latinoamericano que rechazó los cuestionamientos.
Reuters informó que representantes de México, Perú, Guatemala y Ecuador defendieron sus normas y pidieron exenciones durante las audiencias públicas.
México sostuvo que la propuesta es injustificada porque no existe evidencia de que estén ingresando a Estados Unidos bienes elaborados con trabajo forzoso a través de su territorio.
Además, la propuesta de la USTR prevé excluir bienes mexicanos que cumplan con el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.
Para Perú, el riesgo está en la competitividad de sus exportaciones hacia uno de sus principales mercados.
Una sobretasa de 12.5% podría afectar el precio final de productos peruanos frente a competidores con tratamientos diferenciados o no alcanzados por la medida.
El impacto dependerá de la decisión final de la USTR, de las eventuales exenciones y de los sectores que queden incluidos.
¿Por qué hay críticas en EE.UU.?
La propuesta también enfrenta cuestionamientos dentro de Estados Unidos.
Reuters reportó que 22 fiscales generales demócratas rechazaron la medida y la calificaron como un intento de justificar aranceles amplios previamente definidos.
Según ellos, la administración Trump estaría utilizando la Sección 301 para reconstruir una política arancelaria más amplia después de reveses judiciales a otras medidas comerciales.
El Progressive Policy Institute, un think tank estadounidense con sede en Washington D.C., también criticó la iniciativa.
Ed Gresser, vicepresidente y director de Comercio y Mercados Globales de esa institución, sostuvo en una audiencia que la propuesta hace un uso inadecuado de la ley comercial estadounidense y no presenta evidencia suficiente sobre importaciones concretas realizadas con trabajo forzoso.
Además, estimó que los aranceles podrían costar alrededor de US$100,000 millones al año a consumidores y empresas estadounidenses. Los críticos no niegan la importancia de combatir el trabajo forzoso.
Su cuestionamiento es que aranceles de amplio alcance contra la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos podrían terminar funcionando más como una herramienta proteccionista que como un mecanismo eficaz de defensa de los derechos laborales.
¿Qué viene ahora?
La medida aún no está vigente. La USTR abrió un proceso de comentarios y audiencias antes de tomar una decisión final.
En esa etapa evaluará los pedidos de exclusión de los países afectados, los argumentos de empresas importadoras y las solicitudes de sectores que advierten posibles aumentos de costos.
El desenlace será relevante para Perú porque definirá si sus exportaciones enfrentan una nueva barrera de acceso al mercado estadounidense.
Por ahora, el eje de la defensa peruana es que Washington no ha demostrado una afectación concreta al comercio de Estados Unidos ni ha sustentado por qué correspondería aplicar una sanción bajo la Sección 301.
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