El próximo 28 de julio, un nuevo gobierno asumirá las riendas del país con una serie de retos políticos, sociales y económicos. Entre sus principales prioridades deberán figurar la lucha contra la inseguridad ciudadana, la prevención ante un posible fenómeno de El Niño (FEN) fuerte y alcanzar un crecimiento económico superior al 4%. Sin embargo, también tendrá el desafío de recuperar el control del gasto público.
Carlos Gallardo señaló que resultados apuntan a una débil gestión durante los últimos cinco años.
Y es que el populismo de los últimos años ha llevado al Congreso a aprobar una serie de iniciativas con impacto fiscal que han deteriorado las cuentas públicas e incluso reducido el espacio para la inversión estatal. En algunos casos, estas propuestas han contado con el respaldo del Ejecutivo de turno.
Para el presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, uno de los desafíos del próximo Ejecutivo será acudir al Tribunal Constitucional (TC) para poner freno al Legislativo y evitar que continúe aprobando este tipo de iniciativas.
Otro reto fiscal que enfrentará la próxima gestión, consideró, será el de conseguir los recursos necesarios para afrontar un eventual fenómeno de El Niño fuerte. Cabe recordar que, en 2023, el Perú destinó aproximadamente S/7,000 millones para labores de prevención y respuesta. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha informado que cuenta con un fondo de contingencia de US$2,000 millones, Tuesta advirtió que esos recursos podrían terminar utilizándose para otros fines.
“Se van a necesitar recursos; por eso es que no se puede permitir que el gasto permanente se incremente con este tipo de leyes que se aprobaron en el Congreso, como son el aumento de pensiones a militares, las gratificaciones para CAS, entre otros”, resaltó.
Asimismo, indicó que el nuevo gobierno deberá atender las demandas sociales de las regiones que reclaman mayores recursos y que votaron en contra de la gestión que asumirá el próximo 28 de julio.
“Para generar recursos, el Perú necesita crecer. Por ende, el objetivo debería ser que el avance de la economía sea de 6%. Eso va a significar más ingresos, más empleo, menos pobreza y más recaudación”, agregó.
SACAR PROVECHO
Por su parte, el profesor de posgrado de ESAN Mario Vergara consideró que el Ejecutivo deberá aprovechar el ciclo favorable de altos precios de los metales para generar mayores ingresos.
“Según estimaciones previas del propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado pierde miles de millones de soles al año debido a ineficiencias en la gestión pública, duplicidad de funciones y compras mal ejecutadas. Por ello, la estrategia sería reestructurar el gasto corriente (planilla estatal, consultorías, bienes y servicios) y priorizar la inversión en proyectos que ya tengan un grado de avance importante, para evitar que el dinero permanezca estancado”, comentó.
Ante la posibilidad de elevar impuestos para incrementar la recaudación, el docente sostuvo que la estrategia debe enfocarse en reducir la informalidad y revisar las exoneraciones tributarias que ya cumplieron su propósito. Asimismo, consideró fundamental digitalizar los procesos de fiscalización de la Sunat para reducir la evasión tributaria.
Vergara también advirtió que, si el Ejecutivo no toma acciones frente a los proyectos con impacto fiscal aprobados por el Congreso, podría romperse el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en un mayor endeudamiento. A ello se suma, indicó, que la falta de medidas genera desconfianza y termina ahuyentando las inversiones.
“Esta situación genera la pérdida del equilibrio de poderes, generando un debilitamiento institucional y del Estado de derecho. Es decir, si el Ejecutivo no ejerce su contrapeso natural, tal como observar leyes o interponer demandas de inconstitucionalidad, el Legislativo asume un poder absoluto, alterando el diseño democrático del país”, aseguró.
SENTENCIA ERRADA
En 2022, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que habilitó al Congreso para aprobar proyectos con impacto fiscal, pese a que el artículo 79 de la Constitución prohíbe a los legisladores crear o aumentar el gasto público.
El constitucionalista Víctor García Toma señaló que el Ejecutivo aún está a tiempo de presentar una demanda contra las normas de carácter populista y solicitar una aclaración de dicha sentencia.
“El TC, a través de una sentencia claramente errada y contraria al mandato expreso de la Constitución, abrió las puertas para que el Parlamento pudiera dictar leyes que afectaban directamente al erario nacional”, afirmó.
Si bien consideró que los desembolsos ya realizados para cumplir con estas normas no podrán revertirse, sostuvo que sí sería posible frenar el gasto que se proyecta para este y el próximo año.
“Los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad rigen hacia adelante. Pero también se va a tener que hacer todo esto hilando fino porque, de hecho, algunas de estas leyes involucran directamente a la sociedad civil. Si bien hay que cortar esto de manera inmediata, también existe un componente social que debe analizarse”, sostuvo.
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