La edición de abril de la encuesta “Los principales economistas opinan”, elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), evidencia una percepción transversal de debilidad en las propuestas de los tres candidatos con mayores probabilidades de pasar a la segunda vuelta, aunque con riesgos diferenciados en cada caso.
Durante el foro "¿Y si el Perú se nos va de las manos?" señalaron que se necesita un mayor compromiso del empresariado.
Existe un consenso entre los encuestados sobre la evaluación negativa de las propuestas de Roberto Sánchez. Según el estudio, 9 de cada 10 economistas las consideran desfavorables o muy desfavorables en ámbitos como seguridad ciudadana y control de economías ilegales, sostenibilidad fiscal, generación de empleo formal y condiciones para la inversión privada.
En el caso de Rafael López Aliaga, la principal preocupación de los especialistas se concentra en la sostenibilidad fiscal, donde cerca de la mitad de los encuestados mantiene una evaluación negativa. Por su parte, en Keiko Fujimori, las críticas se concentran en las propuestas vinculadas a seguridad ciudadana y control de economías ilegales, aunque con una incidencia menor en comparación con otros casos (18%).
Para el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, la percepción de los encuestados sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, responde a que sus planteamientos implican un cambio en las políticas que han sostenido la estabilidad económica del país en las últimas décadas.
En particular, indicó que las propuestas asociadas a la inversión privada y al marco institucional generan mayores cuestionamientos entre los especialistas, en la medida en que podrían afectar la predictibilidad de las reglas de juego.
“Recordemos que ha cuestionado la autonomía del Banco Central, ha planteado convocar a una asamblea constituyente, una mayor participación del Estado en la economía y romper con el tratamiento igualitario entre las inversiones nacionales y extranjeras”, indicó.
La encuesta también muestra que los entrevistados perciben el desempeño de la economía en el corto plazo como altamente condicionado por el entorno institucional y político, por encima de factores macroeconómicos
inmediatos.
En esa línea, la incertidumbre asociada al proceso electoral se mantiene como el principal riesgo para la economía en los próximos tres meses, mencionada por el 55% de los encuestados. Le siguen la inestabilidad política (41%), la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado (36%), así como el deterioro de las finanzas públicas (30%).
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