POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES
En Lima hay varios alcaldes que nos generan dolores de cabeza todos los días. Extorsionan, amenazan, bloquean y maltratan a empresarios y emprendedores bajo la excusa de que se preocupan por sus vecinos o por un supuesto propósito de hacer que sus distritos sean “mejores”. Nada más falso, por un lado, pero nada más verdadero, por el otro. Falsa su preocupación. Verdadero el hecho de que los alcaldes en Lima y en cualquier lugar del Perú están amparados para hacer lo que les da la gana gracias a un principio constitucional que les brinda autonomía administrativa, y que debe ser revisado de forma urgente. Según el Indecopi, más del 75% de las barreras burocráticas que elimina son generadas por los municipios.
Se estima que estos días se generará un impacto económico de US$212 millones.
¿El problema? De acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades tienen autonomía para manejar sus propios asuntos en áreas como la economía, política y administración dentro de su territorio. Esto les permite tomar decisiones sin interferencias externas, pero siempre —también según la Constitución— deben respetar el ordenamiento jurídico nacional. Sus normas no pueden enfrentarse con la Ley. Así, en teoría, la autonomía municipal debería ser un gran beneficio para los ciudadanos, porque los alcaldes deberían competir por atraer inversión, promover la economía, el desarrollo y la seguridad creando sus propias normas. Pero esto pocas veces ocurre.
Algunas municipalidades interpretan mal su autonomía y crean barreras burocráticas que complican la vida a los ciudadanos o usan su poder para sacar provecho de ella. Varias, excediendo esta autonomía o ejerciéndola de manera errada, crean reglas que hacen más difícil abrir negocios o cumplir con lo necesario para operarlos en paz y de forma estable. Las licencias de funcionamiento, en este sentido, son un dolor de cabeza, porque las municipalidades no adoptan un criterio uniforme de requisitos iguales y estandarizados. Los famosos TUPAS (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) no son actualizados, tienen vacíos o no están disponibles para los ciudadanos.
¿Si las municipalidades abusan de su poder, qué pueden hacer los ciudadanos? Tienen herramientas legales para defenderse. Una opción es presentar denuncias ante el Indecopi por barreras burocráticas, o incluso llevar a los funcionarios ante un juez para que cumplan con la ley. Pero, aunque estas acciones existen, muchas veces las autoridades locales se resisten, no obedecen y demoran en aplicar soluciones.
Así, como siempre, la mejor opción es la sanción social: los emprendedores o empresarios NO pueden ser cómplices. Si son extorsionados, deben denunciarlo. Si les piden una coima, deben denunciarlo. Si funcionarios municipales los amenazan, deben denunciarlo. Y todo en redes sociales, en prensa, en medios masivos. Es muy sencillo, ¿quieren ser parte de un sistema corrupto o quieren ser parte de la solución? Creo que la respuesta es evidente.
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