El domingo pasado, Roberto Sánchez acusó en el debate a su contrincante Keiko Fujimori de ser responsable de la farra fiscal que está dejando el actual Congreso. Para ello, aprovechó declaraciones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sobre el impacto negativo que diversas medidas del Parlamento tienen sobre las finanzas públicas. Una fuente que ahora le resulta útil, pese a que hace apenas unos meses prometía expulsarlo del BCR por ser, según sus propias palabras, “una vergüenza”.
Firman Adenda 9 que también incluye la reversión de áreas del Aeropuerto Jorge Chávez para estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.
“El propio Julio Velarde ha dicho que el Congreso que usted gobierna, porque usted tiene el gobierno parlamentario..., ¿sabe qué ha dicho? Que el responsable de la farra fiscal es precisamente su gobierno parlamentario, que ha roto el equilibrio fiscal”, mencionó Sánchez.
No obstante, los registros de votación del Congreso muestran que la bancada de Juntos Por el Perú, agrupación liderada por Sánchez, y la izquierda en su conjunto, también contribuyeron a la aprobación de iniciativas que no solo generan mayores gastos, sino que además no toman en cuenta los recursos con los que serán financiadas.
Según el Consejo Fiscal, las leyes con impacto fiscal pendientes de implementación costarán al erario nacional S/4,755 millones en 2026 y S/20,437 millones en 2027 (ver tabla). Asimismo, los registros de votación del Congreso muestran que Juntos por el Perú aportó el 8.8% de los votos que permitieron aprobar estas medidas. Le siguieron Alianza para el Progreso (13.6%), Fuerza Popular (12%), Perú Libre (9.9%), Acción Popular (8.7%), Renovación Popular (7.6%) y Somos Perú (7.5%), mientras que el resto de bancadas concentró el 31.9%.
Es decir, Sánchez y su agrupación parlamentaria también fueron cómplices de la farra fiscal.
Medidas irresponsables
Entre las medida aprobadas figuran incrementos de remuneraciones, pensiones y otros beneficios laborales que comprometen recursos fiscales de manera permanente, pese a las advertencias del Consejo Fiscal sobre el riesgo que estas normas representan para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las reglas fiscales.
“Esas son obligaciones del Estado peruano vigentes. No están en el Marco Macroeconómico ni en el presupuesto. Lo que estamos viendo subestima la presión fiscal existente”, aseveró Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, hace un mes.
Segura recordó además que, para cuadrar las cuentas públicas de este año, el Gobierno tuvo que recortar cerca de S/8,000 millones de inversión pública antes incluso de la aprobación de nuevas obligaciones por alrededor de S/12,000 millones en marzo.
“Con la magnitud de estos aumentos van a tener que recortar todo y solo se va a poder pagar pensiones y salarios. Estos recortes son solo el inicio de lo que veremos de manera sistemática”, advirtió.
Así, aunque Sánchez atribuye la responsabilidad de la denominada “farra fiscal” a sus adversarios políticos, los registros legislativos muestran que la bancada que lidera también formó parte de las mayorías que aprobaron normas que hoy presionan las finanzas del Estado.
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