Jorge Solís Espinoza, referente de las cajas municipales, da el salto a la política. Tras renunciar a la presidencia de Caja Huancayo y de la FEPCMAC, afirma que desde el Senado buscará democratizar el crédito e impulsar la inclusión financiera. Para Solís, la regulación actual prioriza la estabilidad, pero ha fomentado la concentración bancaria sin lograr orientar servicios hacia la base de la pirámide.
El Ministerio de Energía y Minas informó que el país cuenta con inventarios de gasolina, diésel y GLP para cubrir la demanda nacional.
El candidato al Senado por Renovación Popular, con el número 7, propone medidas para masificar el financiamiento a emprendedores. Su meta: elevar la profundización financiera al 60% del PBI y liderar un plan reactivador urgente para las pymes ante el avance de la inseguridad.
Con una destacada trayectoria en el sistema de cajas municipales, ¿qué lo motiva saltar a la política?
En principio, fui invitado por Rafael López Aliaga para ir al Senado, por quien siento una genuina admiración por su compromiso de servir al país. Me convencí de que debía cruzar al lado de la política por varias razones. Tengo la convicción de que el sistema de microfinanzas en Perú necesita de un marco legal adecuado que permita su consolidación y derive en un impulso de la inclusión financiera. Hoy los niveles de inclusión son bastante bajos: solo el 35% de la población adulta tiene acceso a servicios financieros.
¿Eso qué significa, poner más regulación al sistema?
No, al contrario. El sistema financiero y de microfinanzas necesita menos regulación para que sea más competitivo. Y esa tarea ha sido una de las metas que me tracé desde FEPCMAC. Durante mi gestión pudimos impulsar la Ley 30607, que modificó la ley madre de las cajas de los 90 y que ha permitido dotarlas de autonomía financiera, económica y administrativa. Esa autonomía ha consolidado un nivel de gobernanza que ha impulsado el crecimiento y desarrollo de estos últimos años.
¿Cuál es el problema que enfrenta la regulación del sistema financiero?
Existen barreras legales y regulatorias críticas, pero el problema de fondo es que desde el Congreso se ignora la importancia de la inclusión financiera. A pesar de contar con una Política Nacional de Inclusión Financiera, esta ha sido desplazada de la agenda pública. He comprobado que existen actores políticos que, por desconocimiento o intereses particulares, intentan vulnerar la autonomía de las cajas municipales. Un ejemplo claro fue el proyecto de ley que pretendía una injerencia política directa, debilitando su gobernanza y erosionando los logros institucionales alcanzados en las últimas décadas.
Por otro lado, reconozco que desde la FEPCMAC hemos agotado la vía gremial sin alcanzar el marco normativo óptimo para profundizar la inclusión financiera y el crédito. Toda esta problemática me ha llevado a dar el paso a la política para institucionalizar las reformas que el sistema financiero nacional necesita con urgencia.
¿Qué propone?
El marco regulatorio actual no es, ni en lo conceptual ni en lo legal, el más propicio. Hemos logrado un sistema regulatorio que da estabilidad al sistema microfinanciero y quizás es uno de los más avanzados de la región, pero hay muchas cosas por hacer. No estamos atendiendo la otra parte de la ecuación financiera: orientar y promover servicios financieros para la base de la pirámide, para el sector emprendedor. Creo que se necesita una regulación acorde con el tamaño y los objetivos que cumplen las entidades financieras.
¿Cuál es ese tipo de marco regulatorio que se necesita, por ejemplo?
La normativa de Basilea III y IV es importante, pero tiene que haber una tropicalización en su aplicación, porque está más orientada al fortalecimiento del patrimonio, con exigencias que las entidades microfinancieras no podrán cumplir si se aplica tal como pretende hacerlo la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esto puede generar, contrariamente a lo que busca el regulador, una concentración en el sistema financiero, cuando lo que se necesita es generar el marco propicio para consolidar a las entidades microfinancieras, profundizar el crédito y acelerar la inclusión financiera.
¿Cuál es la meta a la que debemos aspirar?
Un indicador importante, al que no se hace suficiente referencia, es el de profundización financiera respecto al PBI (ratio de crédito al sector privado sobre el PBI). En países europeos con sistemas financieros más desarrollados, esa relación alcanza el 80%. En el Perú estamos debajo del 40%. Eso nos indica cuánto margen tenemos para crecer y cuánto impulso adicional necesita nuestro sistema. Con un marco que propicie mayor inclusión financiera y mayor profundización del crédito podríamos aspirar a llevar a ese indicador al 60%.
Ha propuesto un plan reactivador para las pymes, ¿en qué consistiría?
Los fondos de Reactiva Perú I y II llegaron muy poco a las micro y pequeñas empresas, por lo que no tuvo impacto. Y hoy, con el avance de la criminalidad, su situación ha empeorado. En este plan reactivador, que propongo, tienen que participar la SBS, el BCR, el MEF y las entidades financieras. Es un tema muy técnico. Las entidades financieras conocen a sus clientes, saben quiénes son buenos y malos pagadores. Esto no es fomentar la cultura del no pago. Es para los buenos clientes, para quienes tienen un historial comprobado en el sistema financiero.
¿Qué no se logró durante su gestión en la FEPCMAC?
No se logró posicionar la inclusión financiera en la agenda pública. No fue un problema de capacidad del gremio, sino que los congresistas desconocen la materia. Peor aún, existen múltiples iniciativas legislativas que vulneran al sistema microfinanciero. Por ejemplo, la ley de topes a las tasas de interés generó un efecto totalmente adverso.
Esa norma castiga a los propios pequeños empresarios. Por intentar limitar las tasas de las tarjetas de crédito bancarias, se terminó afectando el crédito mype y el microcrédito de consumo, que es el motor de la base de la pirámide. Esto también ha incentivado la proliferación del crédito informal, un problema de igual gravedad.
El hecho de pretender desregular el sistema financiero podría sonar irresponsable, considerando que la regulación busca resguardar los depósitos del público...
La propuesta no es desregular por desregular. Hablo de desregular sin ser laxos en las exigencias de contar con buenas prácticas de buen gobierno corporativo, contar con niveles adecuados de solvencia, patrimonio, buenas prácticas de originación de crédito. Un crédito mal dado puede llevar a expulsar a un emprendedor del sistema financiero. A lo que me refiero es a la necesidad de desregular para facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema financiero para competir. Quizás el mejor ejemplo de cómo la sobrerregulación genera efectos adversos es precisamente el caso de los topes a las tasas de interés: pretendían proteger al consumidor, pero terminaron perjudicando al segmento que buscaban beneficiar.
¿Cómo logramos que la regulación favorezca el ingreso de más competidores?
Ese es un eje fundamental que debemos impulsar. La normativa peruana para el sistema financiero es sumamente restrictiva para el ingreso de nuevos jugadores. La SBS vela por la estabilidad y solvencia del sistema, lo cual es correcto; sin embargo, existen entidades globales de gran envergadura con niveles de activos, patrimonio e historial que las hacen idóneas para ingresar sin procesos tan engorrosos.
Por ejemplo, Revolut, un banco digital con presencia global, lleva más de un año intentando incursionar en el mercado peruano sin éxito. Rabobank es otro caso emblemático: es el mayor banco agrario de Holanda y podría ayudar a cerrar la brecha del crédito en el sector agrario. Estas instituciones no generarían un riesgo sistémico. Al contrario, son entidades altamente solventes que podrían dinamizar el mercado y abaratar el costo del crédito.
¿Qué propone?
Propongo que las entidades financieras con licencia otorgada en otros países e indicadores sólidos no sean tratadas como instituciones que recién se constituyen. Bastaría con validar su historial, solvencia, experticia y trayectoria en otros mercados. Hay que definir parámetros que permitan el ingreso ágil de entidades acreditadas internacionalmente. No se trata de abrir la puerta a cualquiera, sino de establecer criterios objetivos que faciliten la entrada de instituciones de primer nivel. Lo que el Perú requiere es más competencia para reducir los costos del crédito y optimizar la oferta, no leyes que fijen precios. La historia ya ha demostrado los efectos nocivos de intervenir en el mercado. Hoy enfrentamos demasiadas barreras que frenan esa competencia sin que exista una justificación técnica suficiente.
¿Cómo hacemos para reducir la informalidad en la oferta de créditos que al final empeoran la situación de las personas?
Es un tema que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Existe una banca paralela e informal que presta servicios financieros sin supervisión: casas de cambio, casas de empeño, casas de préstamo y aplicativos digitales que otorgan crédito sin control.
Esto genera tres problemas graves. Primero, compiten con ventaja frente a las entidades reguladas porque no tributan ni cumplen exigencias. Segundo, sobreendeudan al cliente porque no evalúan su capacidad de pago real. Y tercero, esto es crítico ante nuestros niveles de criminalidad, operan como canales potenciales de lavado de activos. El narcotráfico, la trata de personas, la deforestación ilegal y la extorsión generan dinero que requiere ser legitimado, y estas casas de préstamo son el vehículo ideal. Hoy, cualquier persona puede abrir una y nadie fiscaliza el origen de los fondos, la identidad del propietario o sus posibles vínculos con el crimen organizado.
¿Cómo combatirla?
La SBS emitió una norma que obliga a estas casas a designar un oficial de cumplimiento que reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero es una medida insuficiente: la propia empresa autodesigna a ese funcionario y se autorreporta. Es una burla. No declaran el volumen de sus transacciones, cuántas agencias operan ni su plan de negocios. No pagan Impuesto a la Renta ni IGV. Las entidades reguladas sí tributamos, reportamos nuestras proyecciones de colocaciones y cumplimos con toda la carga fiscal. Ellos no declaran nada.
Esto tiene que regularse. Deben ser tratadas como entidades de servicios financieros, porque el crédito es un servicio financiero. Tienen que constituirse como sociedades anónimas inscritas en Registros Públicos. Debe conocerse quiénes son los socios y titulares, quienes deben acreditar integridad moral y solvencia económica. No puede ser que un sentenciado o un narcotraficante esté prestando dinero en el Perú hoy, de manera legal, sin que nadie lo advierta. Eso es lo que está ocurriendo.
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