Los gremios representativos de la micro, pequeña y mediana empresa emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la reciente ley la aprobación del Proyecto de Ley N.° 4610, que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores que profesen determinadas confesiones religiosas.
En el comunicado, los gremios resaltan su respeto a la libertad religiosa, amparado en la Constitución, pero rechazan que la ley traslade la carga operativa y económica a las empresas sin haber sido previamente evaluado. "Afectará seriamente la productividad, el empleo y la continuidad de múltiples actividades económicas".
Si bien se registró el resultado más bajo desde noviembre del año pasado, se acumula un crecimiento de 3.2% en lo que va del año.
"En numerosos sectores, especialmente comercio, industria, manufactura, salud, logística, transporte, turismo, restaurantes, panadería, agroindustria y servicios, los sábados constituyen uno de los días de mayor actividad. La ausencia obligada de personal ese día generará dificultades para organizar turnos, cumplir contratos, atender a los consumidores y mantener la continuidad de las operaciones", se lee en el comunicado.
"La situación es particularmente grave para las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con personal de reemplazo ni con recursos suficientes para absorber los mayores costos que implicará esta medida... Exhortamos al Poder Ejecutivo a observar la ley y promover un diálogo con los sectores involucrados para encontrar mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la libertad religiosa sin afectar la competitividad, el empleo formal ni el normal funcionamiento de las empresas", agregan.
Como se sabe, la Comisión Permanente del Congreso ratificó, en su segunda y definitiva votación, el dictamen del Proyecto de Ley 4610, el cual faculta a los trabajadores de los sectores público y privado a librar los días sábados si pertenecen a una fe que consagre dicha fecha como su jornada sagrada o de guardar.
La propuesta legislativa, promovida por el parlamentario Juan Burgos Oliveros, consiguió el respaldo de 16 votos a favor, frente a un único voto en contra y seis abstenciones.
La medida busca solucionar un reclamo de diversas comunidades de fe en el país para que sus prácticas espirituales no colisionen con sus obligaciones laborales.
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