Tras la publicación del decreto de urgencia (DU) que autoriza un nuevo salvataje a Petroperú por US$2,000 millones, el exministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, consieró que es "escandaloso" que nuevamente el Estado tenga que salir a rescatar a la petrolera.
La medida autoriza mecanismos financieros extraordinarios y compromisos contingentes de hasta US$ 2.000 millones para sostener las operaciones de PETROPERÚ, en medio de la crisis internacional del petróleo y los problemas de liquidez que enfrenta la empresa estatal.
"El Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$ 2,000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros. Y aunque formalmente dicen que los asume el Minem, en la práctica el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos vía Tesoro Público", manifestó.
Según señaló, pese a que dentro del propio DU se reconoce que la empresa pública tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado, el Ejecutivo quiere que el país asuma esos riesgos.
"Encima utilizan fideicomisos y vehículos especiales para intentar presentar esto como algo 'no soberano', cuando cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado", comentó.
En ese sentido, señaló que el argumento de “seguridad energética” termina siendo la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano. Y eso puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica.
Del mismo modo, señaló que el propio DU se ve obligado a aclarar expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú “no afectarán” los fondos orientados a electrificación rural del MINEM. Eso ya revela que dentro del mismo Gobierno existía conciencia de que podía percibirse una competencia por recursos y espacio fiscal.
"¿Y por qué esto importa tanto? Porque buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético peruano se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados por los propios ciudadanos en sus recibos de luz. Es decir, hogares y empresas contribuyen vía tarifas a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas", resaltó.
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