Crisis del sector pesquero ha dejado inoperativo al 69% de plantas de harina de pescado en el sur del Perú

De acuerdo al informe, esta crisis obedece a diversos factores, como la alta presencia de juveniles, así como la eliminación del Régimen Especial de Pesca (REP) y las constantes vedas por una imprecisión en la normativa sobre la talla mínima legal de captura de anchoveta.

“En la zona sur hay una depresión de la pesca, sobre todo después del COVID-19, y no solo por factores puramente climáticos. El reordenamiento pesquero ha afectado la economía sur desde el 2012 hasta ahora con un equivalente acumulado cercano al 20% del PBI de Arequipa en un año”, señaló Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

El principal obstáculo que enfrenta el sector pesquero en el sur peruano está vinculado a la normativa sobre la talla mínima legal de captura. Actualmente, la regla señala que la anchoveta alcanza su madurez cuando mide 12 centímetros. Por lo tanto, esta es la talla mínima para pescar el recurso. Sin embargo, según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), en la zona sur del país, la talla de madurez de la anchoveta es de 10.5 cm. Es decir, al establecer las vedas de acuerdo a una talla incorrecta se reduce exponencialmente la capacidad de pesca en la región.

De acuerdo al estudio de Macroconsult, si la clasificación de anchovetas juveniles fuera hasta los 10.5 cm, tal como señala el IMARPE, se habrían desembarcado 963,000 toneladas de anchoveta adicionales entre 2016 y 2023. Además, se hubiera producido 233,000 toneladas de harina de pescado y 24,000 toneladas de aceite de pescado. Es decir, se han perdido exportaciones por el valor de US$ 594 millones.

“Hay que discutir nuevamente el tema de la madurez de la anchoveta si es 12 cm o 10.5 cm, como dice IMARPE, porque se está perdiendo un valor agregado que nadie recupera. Actualizar la talla de la anchoveta pasa básicamente por una interacción entre las entidades públicas: IMARPE y el Ministerio de la Producción”, apuntó el economista.

El impacto de esta diferencia en la talla de captura no queda ahí. El valor agregado bruto (VAB) que se pudo haber generado es de S/ 1,417 millones, además de un consumo intermedio de S/ 1,022 millones. Por último, no se generaron 459 puestos de trabajo y S/ 22 millones en salarios entre 2016 y 2023.

Esta situación impacta directamente en la capacidad operativa de las plantas de harina de pescado, que ha caído 69% en el sur del Perú. En 2011 había 13 plantas de procesamiento de harina de pescado en funcionamiento. Hoy solo quedan nueve con licencia, de las cuales solo cuatro están operando.

El ordenamiento pesquero es el conjunto de normas que facilitan la actividad extractiva en las zonas de pesca. No obstante, para el sur del Perú, medidas como la eliminación del REP han generado la pérdida de 3.05 millones de toneladas métricas (TM) de desembarque, lo cual evitó el ingreso de S/ 4,500 millones en Valor Agregado Bruto (VAB) y US$ 1,886 millones en exportaciones.

En comparación con 2011, el Valor Agregado Bruto de la pesca para consumo humano indirecto en la zona sur ha caído en 96%. Este desempeño significó que se dejen de crear 1,457 empleos anuales, así como una disminución en el consumo intermedio de más de S/ 3,200 millones.

Para las plantas de procesamiento de harina de pescado, la eliminación del REP ha originado dos problemas. El primero es el bajo nivel de captura de anchoveta, lo cual no les permite operar a plena capacidad e impide que los ingresos generados por las ventas superen a los costos. El segundo es que la antigüedad de sus instalaciones significa un alto costo de mantenimiento cercano a los US$3 millones por año.

“Hay abundancia del recurso, mayor al de años previos. Hay suficiente biomasa para establecer las cuotas, pero no hay las condiciones adecuadas en términos de reordenamiento para que las embarcaciones puedan aprovechar al máximo estas cuotas”, indicó, por su parte, Diego Díaz, socio de Macroconsult.

Es importante establecer medidas de ordenamiento pesquero para la zona sur adecuadas a las necesidades del sector para evitar la desaparición de esta industria. Sin recursos ni incentivos para operar, las plantas podrían terminar siendo desmanteladas. Actualmente, reactivar las operaciones de las nueve plantas paradas tendría un costo de US$500,000 por TM.