El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, exhortó al próximo Gobierno a impulsar acciones de inconstitucionalidad contra diversas leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas las relacionadas con las gratificaciones para trabajadores del régimen CAS, los beneficios pensionarios y la creación de nuevas universidades públicas.
El pedido se produce luego del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto del Estado.
El financiamiento permitirá ejecutar 33 proyectos de inversión en las provincias de Arequipa y Caylloma, para fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios y consolidar el destino como referente del turismo cultural, de naturaleza y de aventura.
En declaraciones a RPP, Segura destacó que el máximo intérprete de la Constitución modificó su criterio respecto al artículo 79 de la Carta Magna, el cual establece que la iniciativa para generar gasto público corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Según indicó, la nueva interpretación corrige decisiones anteriores que generaron obligaciones fiscales de gran magnitud para el Estado.
El titular del Consejo Fiscal afirmó que el nuevo Gobierno debería aprovechar este precedente para revisar y solicitar la nulidad de normas que, a su juicio, fueron aprobadas sin respetar el marco constitucional.
Entre ellas mencionó las leyes que otorgan gratificaciones a los trabajadores CAS, las que amplían beneficios pensionarios mediante la denominada "cédula viva" para determinados sectores y aquellas que crean nuevas universidades públicas.
Segura sostuvo que estas disposiciones representan un elevado costo para las arcas públicas y advirtió que mantener ese tipo de iniciativas podría afectar la sostenibilidad fiscal del país.
En ese sentido, señaló que el reciente fallo del Tribunal Constitucional constituye una herramienta para corregir decisiones legislativas que comprometan el equilibrio de las finanzas del Estado.
Asimismo, explicó que el criterio establecido por el Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante y puede aplicarse a normas aprobadas con anterioridad. Añadió que el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra aquellas leyes que considere contrarias a la Constitución, por lo que instó a realizar una revisión integral de la legislación vigente.
El pronunciamiento del Consejo Fiscal se produce en medio del debate sobre el impacto presupuestal de nuevas obligaciones para el Estado, como el pago de gratificaciones a los trabajadores CAS.
El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido a las discusiones entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el financiamiento de estos beneficios y la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
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