En medio del inicio del ciclo electoral, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima analiza cómo la incertidumbre política, la inseguridad ciudadana y las decisiones del Estado están influyendo en las expectativas del empresariado.
Uno de esos retos de la economía peruana está vinculado al populismo, y es que, según señaló, este no es solo un problema que incluye a la izquierda, sino que también hay una derecha que ha caído en este juego que impacta en la estabilidad fiscal del país.
¿Qué se espera de las expectativas empresariales ahora que empiecen las elecciones?
Es previsible que, durante periodos electorales, las empresas reduzcan sus inversiones por el aumento de la incertidumbre política. Por ello, resulta prioritario disminuir esa desconfianza con una serie de reglas o anclas claves que rigen nuestra economía, en particular, reafirmar la autonomía del Banco Central de Reserva, el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad del marco regulatorio. Esto se puede lograr mediante compromisos públicos explícitos que sean asumidos por los candidatos, así como con señales claras de que habrá continuidad técnica en la conducción de las principales entidades del Estado.
¿Considera que los actuales candidatos a la presidencia están dispuestos a asumir los compromisos que menciona?
No. En los últimos procesos electorales han surgido candidaturas que desconocen los principios básicos de una economía de mercado, el rol del Estado como garante de la estabilidad jurídica y corrector de fallas, así como del alcance y los límites de la intervención estatal. Este desconocimiento debilita la confianza empresarial, incluso antes de que se materialicen cambios efectivos en la política económica.
¿Cuáles son los principales problemas a los que los empresarios esperan que les encuentre solución el próximo gobierno?
Sin duda, la inseguridad ciudadana y el avance de las economías ilegales. La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales enemigos de la reactivación económica, ya que resta competitividad y productividad a las empresas grandes, medianas, pequeñas e incluso a los emprendimientos individuales.
Por su parte, las economías ilegales ya no son un fenómeno marginal ni aislado, sino un peligro latente que se cierne sobre la existencia misma de nuestra sociedad. Se trata de redes transnacionales que operan con lógica empresarial, utilizan tecnología avanzada, manejan enormes flujos financieros y, lo más grave, se han infiltrado en el Estado, influyendo en sus decisiones en perjuicio de millones de peruanos.
¿Cómo evalúa el empresariado las recientes decisiones del Ejecutivo respecto a Petroperú?
Las decisiones del Ejecutivo eran necesarias para enfrentar la crisis financiera que Petroperú arrastra desde hace varias décadas y van en línea con lo que veníamos solicitando: una reorganización estructural de esta empresa estatal que enfrenta persistentes problemas de liquidez y solvencia en un contexto en el que los rescates ya no son sostenibles. Será clave el rol de Proinversión en la implementación del plan de acción.
¿Existe temor de que la agenda populista del Congreso se intensifique en los próximos meses?
Las propuestas populistas no pueden desviarnos del rumbo del progreso. Debemos apostar por iniciativas responsables que aseguren reglas de juego claras y garanticen respeto efectivo a las instituciones y la continuidad de los pilares macroeconómicos que han permitido sostener el crecimiento económico, incluso en un contexto global y regional muy complejo.
¿Cuáles son los temas en la agenda del Legislativo que más les preocupan?
Por mencionar solo el caso de las barreras burocráticas, es cuestionable que se pretenda dar mayor poder fiscalizador a las municipalidades para que puedan clausurar locales comerciales y aplicar multas sin mayor motivación.
También se está planteando la creación de fondos provenientes de las multas que se aplican a las empresas, para financiar a las asociaciones de consumidores que se dedican a perseguir a los negocios, lo que genera un círculo vicioso.
En materia de seguridad, ¿cómo calificarían la labor del Ejecutivo?
La crisis de inseguridad es actualmente el desafío más apremiante del país, y los empresarios de los sectores transporte y comercio son los más afectados. Los microempresarios no solo afrontan el riesgo de su negocio, sino que arriesgan su vida.
A pesar de la preocupación que muestra el Gobierno, no se perciben avances significativos en materia de seguridad ciudadana. Se requiere ir más rápido y de manera constante en la lucha contra la delincuencia, las extorsiones y las economías ilegales, que afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas y se convierten en un serio obstáculo para la inversión.
Desde los gremios, ¿qué se puede hacer para ayudar a combatir este flagelo?
Desde la Cámara de Comercio de Lima, en octubre de 2025, se impulsó la conformación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, integrada por gremios que representan a más de medio millón de micro y pequeños empresarios de diferentes sectores productivos, junto con organizaciones sociales, para expresar nuestra indignación frente a la inacción de las autoridades ante la ola de violencia que azota nuestro país.
Esperamos que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que presentará el presidente José Jerí marque un rumbo claro, con acciones concretas, y que la aprobación de la ley contra la extorsión y el sicariato permita obtener resultados efectivos en beneficio de todos los peruanos.
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