Cambios tributarios en el nuevo régimen agrario deben hacerse de manera escalonada

Frente a ello, y considerando que la comisión multipartidaria ha adelantado que en siete días tendría una propuesta legislativa, los especialistas Carlos Adrianzén y Omar Manky consideran que en la nueva ley deben primar aspectos técnicos y económicos para evitar que las empresas y, sobre todo, los trabajadores resulten afectados.

“Es fundamental que la nueva ley nazca con legitimidad, pero además de involucrar a los gremios empresariales también se debe convocar a las pocas asociaciones o representaciones de trabajadores que existan, pero es una lástima y un jalón de orejas para todos porque nos hemos visto obligados a corregir en una semana una ley que podía haberse analizado con más tiempo”, afirma Omar Manky, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico (UP).

Al respecto, el economista Carlos Adrianzén considera que a pesar de no haber sido un admirador de la derogada ley, sí debe reconocer que han sido miles de personas las que salieron de la pobreza gracias a ella, por lo que el efecto de su derogación va a incidir en la pobreza y en un descenso de la rentabilidad.

“No era admirador de la ley derogada pero muchos iqueños están justificadamente asustados porque saben que van a ser más pobres. Todo esto solo va a aumentar la informalidad y lo más seguro es que sigan habiendo más protestas”, afirma.

En ese sentido, el también decano de Economía de la UPC sugiere que los cambios vinculados a los salarios se hagan en línea con la productividad, por lo que –al igual que lo ha sugerido ComexPerú– sí se muestra de acuerdo con la eliminación de los services.

“Es necesario mantener salarios directamente vinculados a la productividad, y por ello sinceraría y transparentaría la carga salarial con estructuras similares a las de nuestros competidores, como Chile, que tiene mayor productividad que nosotros. La solución pasa por un esquema formal de cargas y política razonables de no explotación a los trabajadores”, asegura convencido de que “no se necesitan los services, pero si un esquema de contrato congruente con la demanda”.

Tomando en cuenta que la SNI y Conveagro han coincidido en solicitar que los ajustes tributarios se hagan con gradualidad, Omar Manky asegura que la aplicación de escalas es, en efecto, lo más saludable en este caso.

“No puedes quitar todos los beneficios de golpe porque aunque hay empresas que van a tener el músculo financiero para afrontar el cambio, también hay otras que ya tenían ventas y proyecciones sobre el escenario anterior y sin esos beneficios algunas podrían quebrar y eso traería más problemas. Por eso, cualquier propuesta deber pensada de manera técnica y económica”, señala.

Sobre la posibilidad de que se apliquen los convenios de negociación colectiva, como sucede en el sector de construcción civil, el docente y sociólogo afirma estar de acuerdo con lo sugerido hace unos días por el tributarista Armando Gutiérrez, socio del Estudio Rubio, Leguía y Normand.

“Me sorprende que haya un vacío al respecto, cuando lo básico es crear instancias de diálogo para evitar una bomba de tiempo. La salida podría ser la negociación colectiva, pero sin poner a todos en un mismo saco, analizando caso por caso. Y los aumentos podrían darse de acuerdo al nivel de productividad, a las espaldas financieras y a los mercados a los que se dirigen las empresas”, detalla.