“El último robo: el crédito suplementario. Mientras el país enfrenta riesgos que exigen prevención e infraestructura resiliente, el Gobierno apuesta por más gasto político, prebendas y reparto presupuestal.”, afirmó el exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta.
Nueva modalidad de Servicios por Impuestos permitirá financiar intervenciones en salud, educación y saneamiento para acelerar la atención de brechas en zonas rurales, de frontera y declaradas en emergencia.
Las duras declaraciones de Tuesta están dirigidas hacia el proyecto de ley 14799/2025-PE presentado por el Ejecutivo el último viernes 12 junio para aumentar el presupuesto público de este año en S/9,596 millones.
Un monto adicional de esa magnitud implicaría aumentar el presupuesto 2026 en 6.1% respecto al año anterior. Esto pese a que falta menos de un mes para que culmine la gestión de José Balcázar y comience un nuevo gobierno.
Según la iniciativa respaldada por el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, los S/9,596 millones adicionales serían financiados con deuda pública (bonos del Tesoro) por S/1,296 millones, ingresos extraordinarios que se esperan obtener por S/2,900 millones y la expectativa de mayores ingresos por canon por S/5,436 millones.
Una de las principales críticas de Tuesta es que se están hipotecando recursos del canon que aún no han sido percibidos.
Además, Tuesta advierte que faltan pocas semanas para el cambio de gobierno, por la que la decisión de aumentar el gasto debería ser tomada por la nueva administración y, lo más importante, es que la medida le está quitando espacio fiscal ante la posibilidad de eventos climáticos severos.
“Todos los años hay una partida de prevención de desastre, la partida 608 del presupuesto. En condiciones normales siempre tiene alrededor de S/3,000 millones, en los últimos cinco años. Para el año 2023, cuando El Niño se vino encima, a esos S/3,000 millones se tuvo que añadir S/4,000 millones más. Y este crédito suplementario no toma en cuenta El Niño”, comentó.
Destino del gasto
Según el Ministerio de Economía, del total del impuesto adicional, el 70% se destinaría a gasto de inversión y 30% a gasto corriente. Así, el mayor bloque del crédito apuntaría a 2,307 inversiones en gobiernos regionales y locales por S/5,594 millones, sin incluir S/1,103 millones de canon destinados a mantenimiento.
No obstante, a la fecha, los gobiernos locales han gastado en inversión pública solo el 31.3% de su presupuesto y los gobiernos regionales el 37.4%, de acuerdo con cifras del MEF.
Para Tuesta, incrementos del presupuesto de esa naturaleza suelen surgir de negociaciones entre el Congreso, gobiernos regionales y el Ejecutivo. Pues detrás de un proyecto están gobernadores y congresistas. Además, mencionó que el dinero no necesariamente se traduciría en obras visibles de manera inmediata, porque los recursos suelen destinarse inicialmente a adelantos contractuales y etapas previas de ejecución.
"Es evidente que el MEF lo ha venido a sacar a presión del Congreso. Los créditos suplementarios siempre, o casi siempre, surgen por un pedido del Congreso, negociaciones diciendo que me falta plata aquí, plata allá, etcétera. Entonces, detrás tienes al congresista, al gobernador regional y todos los que comen de este presupuesto", aseveró Tuesta.
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