Para reconciliar al Perú, siga la ruta del mercado

La reconciliación del Perú no dependerá de discursos, sino de integrar a millones de ciudadanos a un sistema que genere oportunidades, empleo formal y un Estado capaz de responder con eficacia.

El 28 de julio, tras 15 años y cuatro intentos, Keiko Fujimori se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Perú en más de dos siglos de vida republicana. El hito es innegable. Pero el país que recibe sigue siendo el mismo que arrastramos hace una década: uno donde 74% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, donde contratar a alguien de manera formal cuesta 67% del salario del trabajador, muy por encima del 48% promedio regional, y donde ser pequeño empresario significa, muchas veces, litigar contra el propio Estado antes de poder venderle algo a un cliente.

La reconciliación de la que tanto se habla en estos días de transición no se logra con discursos de unidad ni con gestos simbólicos, por más sinceros que estos sean. Se logra incluyendo, en un sistema que efectivamente genera prosperidad, a los millones de peruanos que hoy están afuera de él. No hay consigna que reconcilie a alguien con un país que nunca le abrió la puerta. Sí lo puede reconciliar un primer contrato formal, un negocio que deja de esconderse del inspector municipal, una posta médica que finalmente llega a su pueblo.

El nuevo gobierno recibe, además, una ventana económica que pocas administraciones han tenido: inflación controlada, un precio del cobre favorable y una oportunidad real de recuperar la inversión privada tras años de ruido político. La pregunta no es si existen las condiciones para crecer. La pregunta es si existe la voluntad de traducir ese crecimiento en inclusión.

Las señales, al menos las que se pronuncian en voz alta, apuntan en la dirección correcta. Al recibir sus credenciales el 15 de julio, Fujimori fue más allá de la retórica de unidad y prometió método: “No hemos venido a administrar la inercia”, dijo, sino a “recuperar el sentido de urgencia del Estado”; un gabinete elegido por capacidad técnica y no por cuota partidaria, y metas concretas por ministerio que, en sus palabras, “cada ciudadano podrá evaluar”. Llegó incluso a la frase que resume el diagnóstico de esta columna sin proponérselo: “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, necesita un gobierno que los resuelva”. Que lo diga es gratis. Que lo cumpla, no.

Empecemos por lo obvio: el mercado laboral. El Perú ocupa el puesto 134 de 141 en el índice de prácticas de contratación y despido del Foro Económico Mundial. Liberalizar la contratación simplificando modalidades, reduciendo sobrecostos, dándole previsibilidad al despido, no es una concesión al empresariado: es la manera de que un joven consiga su primer empleo con derechos, y no su primer “cachuelo” sin ellos.

Lo mismo aplica al emprendimiento. Entre 2016 y 2023, el Indecopi eliminó más de 42,000 barreras burocráticas ilegales, y más del 80% de las eliminadas el año pasado correspondían a exigencias impuestas por municipalidades y gobiernos regionales que exceden sus propias competencias. Detrás de cada barrera hay un peruano al que se le hizo más caro, más lento o directamente imposible formalizarse. Reducir esa maraña no es un capricho desregulador: es reconocerle al pequeño empresario que el obstáculo nunca fue su falta de voluntad, sino el diseño mismo del Estado que debía facilitarle el camino.

Conviene ser precisos sobre qué significa, en la práctica, achicar esa maraña sin que el Estado renuncie a lo que debe garantizar. La formalización no se vuelve atractiva prohibiendo la informalidad a punta de multas; se vuelve atractiva cuando formalizarse cuesta menos que quedarse afuera. Ese es el matiz que separa una reforma seria de un simple recorte de trámites, y es, dicho de otro modo, la misma distinción que la propia presidenta trazó en su discurso de investidura, cuando prometió “no repartir pobreza, sino generar oportunidades; no crear dependencia, sino fortalecer las capacidades y las libertades”. La frase podría haber salido de un manual de política social basada en incentivos. Falta que salga también de un decreto supremo.

Ahí entran mecanismos como Obras por Impuestos y su prima hermana, becas por impuestos: instrumentos que canalizan inversión privada hacia colegios, postas y carreteras postergadas, sin esperar a que la maquinaria estatal —lenta, subejecutada, capturada por intereses locales— decida moverse. El principio de fondo no es reemplazar al Estado, sino reconocer que su rol es garantizar el servicio, no necesariamente proveerlo él mismo. Ese matiz, lejos de ser una herejía libertaria, es sentido común en un país donde la satisfacción ciudadana con salud, educación y carreteras cayó de 50% a 28% en una década, pese a que el gasto en remuneraciones públicas creció 81% en ese mismo periodo.

Ese contraste, más gasto, peor servicio, desnuda el verdadero cuello de botella: un servicio civil que, quince años después de su reforma, apenas ha absorbido al 0.2% de los trabajadores públicos. No hay política pública, por bien diseñada que esté, que sobreviva a un aparato incapaz de ejecutarla. Reformar el servicio civil no es un capítulo técnico y aburrido de la agenda; es la condición sin la cual todo lo demás, la desregulación, la formalización, las Obras por Impuestos, se queda en papel.

Ninguna de estas propuestas reconcilia por sí sola. Lo que reconcilia es la acumulación silenciosa de peruanos que, contrato a contrato, negocio a negocio, obra a obra, dejan de ser espectadores de un país que crece sin ellos. La épica de la unidad nacional, si es que existe, no se escribe en un discurso de investidura, así sea uno en el que la propia Fujimori pareció entenderlo: la reconciliación, dijo, “no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une”. Se escribe, muy despacio, en cada boleta de pago, en cada licencia municipal aprobada en días y no en meses, en cada colegio que una empresa financia porque el Estado, por fin, se lo permitió sin ponerle veinte trabas en el camino.

El Perú no necesita otro capítulo de reconciliación política. Necesita que crecer deje de ser, para millones de sus ciudadanos, un espectáculo ajeno.