Mientras nos dure

Las crisis son inevitables. Lo que sí depende del Perú es aprovechar los periodos de bonanza para crecer, destrabar la inversión y avanzar en infraestructura antes de que llegue el próximo golpe.

Se viene la crisis. Solo que no sabemos cuándo. Ni cuál. ¿Cómo sabemos entonces que está en camino? Es fácil: porque siempre viene una. Es inevitable. Si no es un colapso financiero al otro lado del mundo será un terremoto. En ausencia de ambos, podría ser una caída abrupta del precio de nuestras exportaciones, o quizá una pandemia. El fenómeno de El Niño (FEN) extraordinario también entra en la ecuación, lo mismo que una guerra internacional extendida. Y no subestimemos nuestra capacidad de daño autoinfligido a través de un descalabro político o institucional made in Perú —de esos hemos tenido más de los que se pueden contar aquí—. Solo en las últimas dos décadas hemos vivido, por ejemplo, la crisis financiera internacional de 2008, el fin del boom de los commodities hacia 2014, el FEN de 2017, la pandemia de 2020, el gobierno de Pedro Castillo en 2021 y el FEN de 2023. Habría que ser particularmente ingenuo para suponer que no vendrá otra crisis en los siguientes años. Sin ir muy lejos, el FEN del verano que viene amenaza con convertirse en el siguiente episodio difícil.

Eso hace tanto más valiosos los tiempos en los que hay alguna combinación de estabilidad interna acompañada de buena coyuntura externa. Ese contexto es lo que vivimos hoy. En la primera mitad de 2026, por ejemplo, la recaudación por IGV creció más de 11%, mientras que la recaudación por impuesto a la renta de tercera categoría (el que pagan todas las empresas de medianas a grandes) subió en más de 30%. El consumo interno de cemento está 13% por encima del año pasado, y las transacciones con tarjeta crecen también a doble dígito. Posiblemente la variable más importante con medición administrativa, el empleo formal, también crece fuerte.

El gobierno de Fuerza Popular entra, entonces, en una situación envidiable. Hay, por supuesto, nubes en el horizonte, como el FEN mencionado y la incertidumbre sobre el desarrollo de la guerra en Irán. Tampoco se puede descartar una escalada de conflictividad social en las próximas semanas. Sin embargo, hechas las sumas y restas, es evidente que —al menos desde el punto de vista de momentum económico— difícilmente se puede encontrar una situación mejor. La demanda interna de la economía lleva mucha fuerza, y desde afuera el precio del cobre supera los US$6 por libra —hace diez años valía un tercio—. Las expectativas empresariales vuelven a colocarse en tramo decididamente positivo.

El momento tiene que aprovecharse mientras dure. Sacarle todo el jugo. La coyuntura del próximo año puede estar complicada por el FEN, pero a mediano plazo —si se mantienen las condiciones actuales— el Perú debería crecer por encima del 4% sin demasiado problema. Para eso deberían impulsarse al menos dos palancas clave.

La primera es la limpieza decidida de la carga burocrática y regulatoria excesiva al sector privado que proliferó en los últimos años. El compendio de normas laborales del régimen privado tiene 1,811 páginas. El tiempo de aprobación de los estudios de impacto ambiental en hidrocarburos es de 300 días hábiles cuando el plazo legal es de 120. Una consulta previa se tarda más de 700 días, cinco veces más de lo permitido. Muchas municipalidades son reinos de arbitrariedades y hostigamiento a los negocios puerta a calle. La Sunafil se empeña en corregir y sancionar faltas mínimas o inexistentes en empresas formales, pero deja pasar abusos laborales flagrantes en el espacio informal. Podríamos seguir con la Sunat, la OEFA, y otras tantas. Navegar la maraña de registros públicos y notarios es otro dolor de cabeza, y de bolsillo.

No se trata de sacrificar principios laborales, ambientales, urbanísticos, tributarios, ni de ningún tipo. Se trata de hacerle la vida más fácil al buen empresario —grande o chico— para que sea libre de realmente dedicarse a su negocio y no a llenar formularios, buscar sellos, negociar permisos y pagar abogados. La burocracia actual no necesariamente estará a favor de los nuevos límites a su influencia, pero para eso está la fuerza del mandato político de la administración entrante.

La segunda palanca es la infraestructura habilitante. Es inconcebible, por ejemplo, que la ciudad de Lima no tenga todavía un sistema de vías férreas integrado y masivo. El trabajador promedio de la capital destina más de una hora y media, en promedio, para llegar a su centro de labores. Los que viven en Lima Norte tardan más de dos horas en promedio. Esto cuesta varios miles de millones de soles en tiempo perdido al año. Pero la ejecución es absurdamente lenta. Solo para la Línea 2 del Metro serán necesarios unos 16 años entre el anuncio de proyecto en 2012 y la inauguración completa hacia 2028, en el mejor de los casos. El caos del acceso al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez por la incapacidad, durante casi una década, de construir un puente de 65 metros debería ser motivo de vergüenza.

La priorización de proyectos y el diseño de esquemas responsables de financiamiento son necesarios para no volar la caja fiscal. En otras palabras, no se puede construir todo a la vez. Aun así, el espacio para avanzar más rápido con inversiones —sobre todo vía APP— en salud, aeropuertos, saneamiento, carreteras y energía es gigante. El Perú no va a cerrar todas las brechas en los siguientes cinco años, pero puede dejar la primera mitad de la tarea hecha, con apoyo del sector privado. En diez años el país podría ser otro. Dependemos de aprovechar al máximo los buenos tiempos mientras nos duran. Luego será tarde.