Lo que se espera y se puede hacer en materia de seguridad
La seguridad será la principal prueba del nuevo gobierno. Más allá de leyes y promesas, el reto pasa por fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y modernizar la lucha contra el crimen organizado.
Hay una gran expectativa en la población y optimismo en el mundo empresarial por lo que el gobierno de Fuerza Popular pueda hacer en favor de la seguridad desde el Ejecutivo y el Legislativo.
Nadie puede ignorar que la criminalidad ha sobrepasado el accionar de los operadores de justicia y que, de acuerdo con el 6.° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, según una encuesta de Ipsos de junio de 2026, el 45% de la población a nivel nacional y el 59% en Lima ha experimentado el cierre de pequeños negocios en su barrio como consecuencia de la inseguridad, es decir, de los asaltos y la extorsión, afectando duramente la economía familiar.
El plan de gobierno de Fuerza Popular transmite sentido de urgencia, con medidas de corto plazo, nuevas funciones para las Fuerzas Armadas en el control de fronteras y de los cinco megapenales que propone construir. Entendemos que ya existirá un Plan de Inversión Pública para iniciar ese proceso.
Se habla también de una rápida inversión en tecnología y equipamiento. Esto es imprescindible para analizar las más de 80 mil denuncias por extorsión mediante big data e inteligencia artificial para identificar patrones y modalidades. Universidades y empresas privadas pueden contribuir con este propósito desde el inicio.
El Plan promete Centros de Comando y Control Inteligentes (C5) para monitorear la ciudad, distribuir las fuerzas preventivas y operativas y atender emergencias. Estos centros integran policías, serenazgo, bomberos, ambulancias y servicios públicos. Sin embargo, instalar al menos uno en cada región demandará los cinco años de gobierno y una inversión cercana a los 12 mil millones de dólares si se ejecutan simultáneamente.
Ya en el Gobierno, el Ejecutivo deberá profundizar los planes para enfrentar las distintas modalidades de extorsión y promover la participación del sector privado, nacional e internacional. No me cabe duda de que los operadores de telefonía, las empresas de Internet y las empresas propietarias de plataformas de redes sociales se sumarán a esta iniciativa.
En lo que se refiere a la extorsión desde los penales, esperemos que recurran a la tercerización para controlar el ingreso y salida de personas y bienes (celulares, drogas, chips, etcétera), mediante tecnología similar a la utilizada en los aeropuertos. El personal penitenciario debe ser excluido de esta labor. Por cierto, toca también repensar la política penitenciaría y dotar a los penales de los recursos que requieren.
Ojalá impulsen en el Legislativo la liberación de las tasas de interés del sistema financiero formal para que más del 40% de emprendedores y jóvenes que fueron empujados al ‘gota a gota’ regresen al crédito formal. Ese cambio debilitaría un mecanismo de sometimiento que cobra tasas de entre 500% y 1,200%, poniendo en riesgo la vida de quienes no pueden pagar.
Hay, sin embargo, problemas de gestión no mencionados en el Plan cuya atención mejoraría rápidamente la percepción de seguridad de la población.
Es momento de abandonar el régimen laboral del 24 por 24 en las comisarías y pasar al sistema servicio-franco-retén para garantizar más policías en las calles y un descanso adecuado. También debe revisarse, con criterios per cápita y de criminalidad territorial, la distribución del personal y del equipamiento, ampliando además el patrullaje motorizado durante las madrugadas. Hoy los distritos con mayor incidencia delictiva suelen tener menor dotación policial por cada 10,000 habitantes.
Sin embargo, la mayor traba para que cualquier plan funcione sigue siendo el factor humano y la corrupción. Hay tiempo para resolver esta carencia en el Plan de Gobierno, si se actúa con celeridad y convicción. Ello supone revisar las normas que excluyeron del concepto de criminalidad organizada diversos delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Existe un compromiso de la presidenta Fujimori de revisar esas y otras normas que afectan la lucha contra la criminalidad. Esperemos que sea una prioridad durante la primera legislatura.
Al interior de la Policía Nacional existe una percepción, respaldada por el elevado número de procesos tramitados en la Inspectoría, sobre un sistema piramidal de cobros ilícitos que asciende desde el personal operativo hacia los mandos superiores.
La propia Inspectoría tampoco sería ajena a estas prácticas. Los cobros indebidos, las irregularidades en adquisiciones, ascensos, servicios y manejo de recursos revelan una corrupción transversal que, de no enfrentarse, seguirá debilitando a la Policía y fortaleciendo a la criminalidad.
También debe revertirse el debilitamiento presupuestal del Ministerio Público. Más allá de las controversias políticas, la Fiscalía necesita mayores recursos para enfrentar el crimen organizado y las economías ilícitas. Fortalecer la coordinación entre fiscales y policías permitirá recuperar la eficacia alcanzada en años anteriores.
Además, el Poder Judicial requiere una fuerte inversión para digitalizar cientos de miles de procesos, agilizar la administración de justicia y reducir los tiempos de espera.
En la misma línea de garantizar la inversión, conviene revisar los Planes Estratégicos a 2030 (Seguridad Ciudadana, Anticorrupción, Crimen Organizado, Trata de Personas, entre otros), documentos de Política Pública que establecen las responsabilidades del Estado, pero que se encuentran prácticamente desfinanciados.
La seguridad ciudadana no se resolverá únicamente con más leyes, más policías o más tecnología. Requiere instituciones íntegras, decisiones políticas sostenidas y una conducción estratégica capaz de coordinar al Estado y al sector privado. Si el gobierno entrante logra avanzar simultáneamente en prevención, inteligencia, control penitenciario, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, el país tendrá una oportunidad real de recuperar la seguridad perdida.