El crecimiento que nos une
La mayor fractura del Perú no es política, sino territorial. Reducir las brechas de oportunidades exige combinar crecimiento económico con un Estado capaz de llevar desarrollo a todo el país.
Cada Fiestas Patrias hablamos de unidad nacional. Sin embargo, las últimas elecciones no dividieron al Perú; solo hicieron visible una fractura en las oportunidades que tienen los peruanos según el territorio donde nacieron. Allí donde las oportunidades escasean, el desencanto termina expresándose en las urnas. Así, la reconciliación que el país necesita no dependerá solo de acuerdos políticos. Esta descansará en recuperar la confianza en que el esfuerzo tiene recompensa y en que el crecimiento económico puede volver a ser un proyecto compartido.
Ya lo logramos una vez. Antes de la pandemia, la pobreza cayó de cerca de 59% a 20% gracias a dos décadas de estabilidad macroeconómica, apertura e inversión privada que permitieron crecer alrededor de 5% anual. Hoy, el nuevo ciclo de demanda por minerales críticos ofrece una oportunidad similar. Aprovecharla exige recuperar la confianza para invertir y destrabar proyectos.
El hecho, sin embargo, es que la pandemia dejó cicatrices profundas. Aunque la pobreza monetaria se redujo a 25.7% en 2025, estamos tardando en regresar a la tasa de pobreza prepandemia del 20.0%. Más preocupante aún es que cerca del 33.0% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad que significa que, si bien no son pobres hoy, lo pueden volver a ser frente a la pérdida del empleo, una enfermedad o cualquier otro choque económico. En otras palabras, casi seis de cada diez peruanos viven entre la pobreza y la vulnerabilidad.
Pero el dato más revelador no es el promedio nacional. Es la enorme brecha territorial que ese promedio esconde. Mientras Ica registra una incidencia de pobreza de apenas 4.5%, Madre de Dios de 7.3% y Moquegua de 7.8%, departamentos como Cajamarca (41.0%), Loreto (40.1%), Puno (37.5%), Pasco (36.4%) y Huánuco (35.7%) presentan tasas cinco, seis e incluso nueve veces superiores. Son diferencias demasiado grandes para explicarlas únicamente por el desempeño de las personas. Reflejan, sobre todo, profundas desigualdades en el acceso a educación de calidad, salud, infraestructura, conectividad, seguridad y presencia efectiva del Estado. El promedio nacional termina ocultando que existen varios “Perús” avanzando a velocidades completamente distintas.
Esa realidad ayuda también a entender buena parte de nuestro momento político. Los ciudadanos no evalúan únicamente cuánto crece una economía; evalúan, sobre todo, si ese crecimiento mejora efectivamente sus oportunidades. Cuando durante muchos años una parte importante del territorio siente que permanece rezagada, comienza a deteriorarse la confianza en las instituciones y aumenta la disposición a respaldar propuestas que ofrecen cambios radicales que, como hemos visto en diferentes episodios, detiene la confianza en la economía, la inversión, y deriva en una mayor crisis económica y social.
Sería un error concluir, sin embargo, que el problema fue el modelo económico. El crecimiento hizo buena parte de su trabajo. Redujo la pobreza, generó empleo y elevó el ingreso de millones de hogares. Donde el Perú sí falló fue en construir un Estado con la capacidad suficiente para convertir ese crecimiento en igualdad de oportunidades. Mientras el mercado integró la economía nacional, el Estado continuó ofreciendo calidades profundamente distintas de educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia dependiendo del territorio. El crecimiento integró los mercados; ahora el Estado debe integrar las oportunidades.
La economía tiene que ganarse la legitimidad de todos los peruanos, y este debe ser uno de los ejes clave del próximo gobierno. Así, la estrategia debe avanzar en dos velocidades. La primera consiste en recuperar una agenda ambiciosa de crecimiento basada en inversión privada, productividad, infraestructura, innovación, capital humano y simplificación regulatoria que lleve al Perú a mejorar su potencial de crecimiento para generar empleo, recaudar más y financiar un desarrollo sostenible.
La segunda debe reconocer que las reformas estructurales toman tiempo. Una nueva inversión minera tomará sus plazos en traducirse en mayores empleo e ingresos; una reforma educativa tarda todavía más en reflejarse en mejores oportunidades. Y, el problema es que las familias que hoy viven en pobreza, y que se ven tentadas a dar sus votos a las propuestas políticas antisistema, no pueden esperar ese horizonte. Por ello, el próximo gobierno debería plantearse la meta de reducir la pobreza hacia niveles cercanos al 20% en el corto plazo.
Para ello, un primer paso sería ampliar el programa Juntos desde los cerca de 770 mil hogares que atiende actualmente hasta aproximadamente 1.1 millones de hogares elegibles y duplicar la transferencia base de S/200 a S/400 bimestrales. El costo adicional de las transferencias ascendería a alrededor de S/1,700 millones anuales y, considerando los gastos operativos necesarios para ampliar y gestionar adecuadamente el programa, el costo fiscal total se aproximaría a S/1,900 millones al año, alrededor de 0.2% del PBI. No se trata de reemplazar el crecimiento por asistencialismo, sino de construir un puente entre las urgencias del presente y los resultados permanentes de las reformas.
Ello es un esfuerzo perfectamente manejable para una economía como la pe-ruana y muy inferior al costo económico y político de permitir que continúe ampliándose la fractura territorial. Con ello, no se busca reemplazar crecimiento por asistencialismo, sino construir un puente entre las urgencias del presente y los beneficios permanentes que traerán las reformas. Si no lo hacemos ya, en las próximas elecciones no la contamos.
Debemos dejar de lado la discusión de si el Perú necesitaba más Estado o más mercado. Esa es una falsa disyuntiva. El país necesita ambos: un mercado dinámico que genere inversión, innovación, empleo y productividad, pero también un Estado moderno que permita que ese crecimiento se transforme en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde hayan nacido.