Compromisos para reconciliar al Perú
La reconciliación del Perú no será fruto de pactos políticos, sino de un Estado que cumpla, una economía que genere oportunidades y una democracia capaz de recuperar la confianza ciudadana.
En cada Fiestas Patrias renovamos nuestra condición de ciudadanos de una misma república. Este año, después de una elección intensa y polarizada, esa celebración adquiere un significado especial. Terminó la campaña. Terminó la competencia electoral. Ahora empieza una tarea mucho más difícil: construir un país que vuelva a confiar en sí mismo.
Se habla mucho de reconciliación. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente reconciliar a un país tan diverso y complejo como el nuestro. Para algunos, la reconciliación consiste en cerrar heridas mediante acuerdos políticos o gestos simbólicos. No comparto esa visión. Una democracia no se fortalece renunciando a sus principios. El respeto a la Constitución, al Estado de derecho y a la independencia de la justicia no son obstáculos para reconciliarnos; son precisamente la condición para hacerlo. Quien intentó quebrar el orden constitucional debe responder ante la ley con todas las garantías del debido proceso, pero sin privilegios ni excepciones. La reconciliación no puede construirse sobre la impunidad.
Tampoco puede edificarse únicamente desde Lima ni desde los espacios del poder político. Durante demasiado tiempo hemos confundido la reconciliación con el diálogo entre dirigentes, cuando el verdadero desafío consiste en reconstruir la confianza entre el Estado y millones de ciudadanos que sienten que la República nunca llegó hasta ellos. Esa distancia explica buena parte de nuestro desencanto colectivo. No estamos divididos porque pensemos distinto. Estamos divididos porque demasiados peruanos han dejado de creer que el esfuerzo, el trabajo y el cumplimiento de las reglas serán suficientes para salir adelante.
Por ello, la reconciliación no debe entenderse como el punto de partida del próximo gobierno. Debe ser su principal resultado. La confianza no nace de los discursos. Se construye cuando el Estado cumple aquello que promete. Cuando una familia de Loreto tiene acceso permanente a agua potable; cuando una madre de Huancavelica encuentra un centro de salud que funciona; cuando un agricultor de Cajamarca dispone de riego, conectividad y mercados; cuando un joven de Puno consigue un empleo formal sin abandonar su región. Allí comienza la reconciliación. No en los titulares políticos, sino en la vida cotidiana de las personas.
El primer examen llegará muy pronto. La amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño exige prevención, coordinación y capacidad de ejecución. Preparar infraestructura resiliente, proteger a las poblaciones vulnerables y reducir los impactos económicos será mucho más que una buena política pública. Será una demostración concreta de que el Estado aprendió a anticiparse y que la vida de los ciudadanos importa. Pero el Perú necesita mucho más que una buena respuesta frente a la emergencia. Necesita recuperar un horizonte compartido de desarrollo. Ello implica volver a colocar al crecimiento económico en el centro de la agenda nacional. No porque las cifras macroeconómicas sean un objetivo en sí mismas, sino porque sin crecimiento sostenido no habrá recursos para reducir la pobreza, mejorar la educación, fortalecer la salud, cerrar brechas territoriales ni ofrecer oportunidades reales a las nuevas generaciones.
Nuestro país cuenta con fortalezas extraordinarias: una economía abierta al mundo, recursos naturales, talento emprendedor, estabilidad monetaria y una posición privilegiada en el Pacífico. Sin embargo, esas fortalezas solo se convertirán en bienestar si vienen acompañadas de instituciones sólidas, seguridad jurídica, inversión responsable y un Estado capaz de ejecutar con eficiencia. También debemos enfrentar con decisión aquello que amenaza nuestra convivencia: el avance de las economías ilegales, la corrupción, la violencia y la captura de territorios donde el Estado ha retrocedido. Allí donde manda el crimen organizado no hay libertad, no hay inversión y tampoco hay reconciliación posible.
Por eso propongo que iniciemos este nuevo quinquenio asumiendo cuatro compromisos con el Perú. El primero es un Estado que cumple. Que deje de medir su éxito por las normas que aprueba y empiece a hacerlo por los resultados que entrega. Un Estado que previene, ejecuta, escucha y rinde cuentas. El segundo es una economía que abre oportunidades. Una economía social de mercado que incentive la inversión, la innovación y el empleo formal, pero que asegure que el crecimiento llegue también a las regiones, a las pequeñas empresas, a las mujeres, a los jóvenes y a quienes durante demasiado tiempo quedaron excluidos. El tercero es una democracia que respeta las reglas. La Constitución, la separación de poderes, la libertad de expresión, la propiedad privada y los derechos humanos no son concesiones ideológicas; son las bases que permiten construir confianza, atraer inversión y proteger la dignidad de las personas. Y el cuarto compromiso es recuperar una identidad nacional compartida. No una identidad uniforme, sino un propósito común. Reconocer que nuestra diversidad es una fortaleza y que el desarrollo solo será sostenible si todos sentimos que formamos parte del mismo proyecto de país.
La reconciliación no consiste en pensar igual ni en olvidar nuestras diferencias. Consiste en decidir que el futuro pesa más que el pasado. Consiste en demostrar, con hechos, que la democracia puede mejorar la vida de las personas y que el Estado vuelve a ser un aliado de los ciudadanos. En estas Fiestas Patrias no deberíamos preguntarnos únicamente cómo cerrar las heridas que nos dejaron los últimos años. Deberíamos preguntarnos qué país queremos legar dentro de cinco años. Si somos capaces de cumplir estos compromisos, la reconciliación dejará de ser una aspiración para convertirse en la consecuencia natural de un Perú que vuelve a crecer, a confiar y a caminar unido hacia un mismo horizonte.